Jair Preciado Beltrán
Antropólogo e Ingeniero Forestal. Candidato a PhD. Universidad Estatal Paulista (UNESP).
Profesor Universidad Distrital de Bogotá. Facultad del Medio Ambiente.
Correo electrónico: jair.preciado@gmail.com
Fecha de recepción: 15 de mayo de 2006.
Fecha de aceptación: 28 de septiembre de 2006.
Colombia es un país rico en recursos naturales, muchos de los cuales aún no han sido incorporados como bienes potenciales con un uso aprovechable para la sociedad. En medio de esa riqueza natural, la sociedad colombiana viene presentando unos crecientes niveles de pobreza. La política de apertura económica iniciada a comienzos de la década del noventa ha generado hasta la actualidad un efecto sumamente dramático sobre el sector primario de la economía y ha llevado al país a una crisis general de productividad y generación de ingreso en la sociedad en su conjunto. Los recursos naturales, por ser bienes del sector primario de la economía, merecen especial atención como herramienta de desarrollo y articulación de la sociedad en un contexto productivo. El escenario rural en medio de la violencia es un espacio para pensar en soluciones y potencialidades, esto a partir de nuestros jóvenes y de aquellas estrategias que reorienten un proyecto de vida nacional rural distinto del que hasta ahora se ha venido desarrollando.
Palabras clave: mundo rural, medio ambiente, pobreza, globalización, municipio.
Colombia is a rich country in natural resources, many of which not yet have been incorporated as potential goods with a usable use for the society. In the middle of that natural wealth, the Colombian society comes presenting/displaying increasing levels from poverty. The policy of initiated economic opening at the beginning of the decade of 1990, has generated until the present time, an extremely dramatic effect on the primary sector of the economy, and has taken to the country to a general crisis of productivity and generation of enter the society as a whole. The natural resources, being goods of the primary sector of the economy deserve special attention, like joint and development tool of the society in a productive context. The rural scene in the middle of the violence is a space to think about solutions and potentialities, this from our young people and of those strategies that re orient a different project of rural national life of which until now it has come developing.
Key words: Rural affairs, environment, poverty, globalization, municipality.
Para quien no haya vivido en Colombia en las últimas décadas, entender el origen del problema rural es algo que puede resultar complejo. Para facilitar el entendimiento del problema, a continuación se presenta una síntesis del mismo y con esas bases se pretende poder continuar el abordage de los siguientes temas. Un primer momento histórico es conocido como la gran hacienda. Este modelo heredado de la Colonia y cuya persistencia se asoció al poder de gamonales y caciques locales, con una gran ostentación de poder, será la característica principal del modelo de producción agraria en la Colombia de las primeras décadas del siglo XX, con un modelo de producción casi precapitalista. En ese orden de ideas, la tenencia de la tierra, es decir, la titularidad de los terrenos se concentraba en manos de pocos individuos, en un país que mostraba unas tasas de natalidad significativamente altas y cuya presión demográfica influía en la búsqueda de nuevos territorios en donde poder desarrollar actividades productivas.
Para tener una idea de la tendencia demográfica a fines del siglo XIX es necesario mencionar que, por ejemplo, en la zona occidente del país, el número de hijos por familia era de once2. Efectivamente, una estrategia para el desarrollo de la agricultura y otras actividades productivas asociadas era tener un número alto de hijos, que se traducía en fuerza de trabajo familiar. Este esquema se repitió en regiones como Antioquia y el Eje Cafetero, donde los grandes núcleos familiares jalonaron el proceso de producción del sector primario, incluso hasta bien entrado el siglo XX. La figura de arrendatario –al igual que el aparcero– dependían sustancialmente de las relaciones con el dueño de la tierra. Para configurar un modelo de colonización es fundamental entender que en esta primera etapa dicho proceso se desarrolló como resultado de la articulación de la economía cafetera en un contexto internacional. En ese orden de ideas, la propiedad de la tierra no sólo recaía en pequeños propietarios, sino también en gran cantidad de sociedades y casas comerciales que definitivamente orientaron sus proyecciones de desarrollo económico con la exportación. La pugna entre terratenientes y colonos era muy álgida en las primeras décadas del siglo XX, ante lo cual un instrumento jurídico debió terciar para equilibrar procesos de desarrollo. Es significativo que esta ley se originara en el contexto de la llamada Revolución en Marcha, del presidente Santos en la década del treinta, con la cual se trató de estructurar un modelo de desarrollo acorde con el contexto internacional, mientras se pensaba en la necesidad de mejorar la infraestructura productiva del sector primario. Un segundo momento lo constituye el proceso de colonización y conflicto socio político entre los años 1949 y 1964. El auge de la colonización, bien sea dirigida por el Estado o la colonización espontánea, como resultado del anhelo de poseer tierras por un grupo de aparceros y arrendatarios, tuvo algunas limitantes iníciales desde el punto de vista biofísico. En general, en el campo colombiano se ha dado una mayor relevancia a la agricultura y ganadería extensiva como fuentes de riqueza rural. Un efecto que se generó en este proceso fue la configuración de un poder local y, por supuesto, la consolidación en el contexto regional de poblados y aldeas, que más adelante tendrán importancia signfiicativa. Esto dio como resultado la división y la concentración de tierras, hecho que luego sería fundamental para los acontecimientos que se desarrollarían en nuestro país en la década del cincuenta. El periodo conocido como La Violencia fue generalizado en todo el país, a manera de síntesis se pueden hablar de tres momentos: desde 1948 hasta 1953, que corresponde a la arremetida del gobierno conservador del presidente Laureano Gómez; de 1953-1957, confrontación militar con el gobierno militar del general Rojas Pinilla, y finalmente desde 1957-1964, persecución a los campesinos organizados en las denominadas Repúblicas independientes, por la dupla bipartidista, del frente nacional. Como resultado de la violencia y la guerra propiamente dicha, el fenómeno de colonización decreció sustancialmente, especialmente porque los campesinos perseguidos por la confrontación armada empezaron a refugiarse en las ciudades del país. Ahora bien, la trayectoria de desarrollo de estos pequeños municipios se orienta hacia un crecimiento significativo como resultado de esa movilidad demográfica, tal como lo muestra en el contexto de Brasil, Wanderley en su texto sobre Urbanizaçao e ruralidade. La población campesina del sur occidente de Colombia encontró refugio en la frontera con la región del Orinoco (oriente del país). Allí echó raíces e inició otro proceso de colonización. Ahora bien, como resultado de la presión de los gobiernos civil y militar hacia los campesinos, que eran vistos como una orientación diferente al ordenamiento jurídico nacional, y ante el temor generalizado en la época por las fuerzas de izquierda, estos colonos fueron rabiosamente perseguidos por el Estado. Es por ello que se debe entender que en gran parte de las zonas rurales del país la violencia prácticamente no cesó hasta 1972. Quizás el mayor efecto de este proceso histórico regional fue la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, como resultado de la última represión militar en la zona central de Colombia. Un tercer momento histórico lo constituyen los acontecimientos generados entre 1964 y la actualidad. Luego de la relativa calma de la década del sesenta, las regiónes más conflictivas del país retoman la actividad productiva.
La agricultura basada esencialmente en el café le otorga los beneficios de una producción sostenida que aún hoy perdura, a pesar de la crisis internacional de los precios de este producto. Sin embargo, es importante resaltar que las causas que originaron la violencia no habían desaparecido a pesar de la relativa calma que se percibía. Luego del auge del café y quizás como un efecto de la violencia, el uso del suelo cambia notablemente hacia la ganadería extensiva, lo que trae como consecuencia un agudo desempleo rural y un desabastecimiento de alimentos. El Estado asume un papel mediador en este periodo de tiempo y ante una guerra en la que no hubo vencedores ni vencidos, se inicia un programa de colonización dirigida que busca la parcelación de fundos extensos improductivos. Es así que organismos estatales como la Caja Agraria recibe de manos del Estado 138.000 hectáreas de baldios en la zona central del país en 1961. Ese mismo año se dio inicio al programa de colonización en tres sectores nuevos de la región más conflictiva. Hacia comienzos de la década del ochenta surgen grupos de autodefensas que luchan abiertamente contra los grupos guerrilleros, ante la mirada de un Estado que no hace nada para remediar y prevenir la creciente complejidad del fenómeno. En ese orden de ideas, la confrontación entre paramilitares y guerrilla en el escenario rural tiene como consecuencia directa un proceso de migración rural-urbano sin precedentes en otros países latinoamericanos y quizás del mundo entero. Por otro lado, es indudable que el conflicto armado se ha agudizado en más de cuarenta años de lucha, desde que se inició como protesta campesina, ya que con el tiempo se tornó en la conformación de grupos guerrilleros altamente estructurados como una fuerza de choque y confrontación contra el Estado. La participación en décadas recientes por parte de guerrilla y paramilitares en el negocio de la siembra y producción de coca ha agudizado aún más el conflicto, pues la rentabilidad en términos económicos de un negocio tan lucrativo ha configurado un nuevo panorama de la violencia en Colombia.
El Estado colombiano impulsó algunas estrategias para aminorar el problema de violencia rural. Tal es el caso del programa Desarrollo Rural Integrado (DRI) que se impone desde 1973-1993 con altibajos y problemas, como una estrategia para incentivar la producción agrícola y mejorar
las condiciones sociales y tecnológicas en el campo colombiano.
Adicionalmente, el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) se constituyó en otro instrumento político gubernamental que intentó dar a la compleja problemática rural elementos para una mejor productividad y calidad de vida. En realidad estos programas han sido el resultado de políticas gubernamentales transitorias, sin continuidad y proyección a verdaderas soluciones. En años recientes se promulga la ley 160 de 1994, sobre reforma agraria, esta vez con un contenido que busca la paz y el mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos.
Un aporte significativo lo constituye la creación de las zonas de reserva campesina. Éste es un mecanismo mediante el cual es viable pensar más en la productividad que en la titularidad de la tierra, pues la base de su objetivo reposa en los terrenos baldíos.
En el caso colombiano, la discusión entre rural y urbano presenta unas características marcadamente diferentes del caso brasilero. En primer lugar, es necesario entender que en el caso de Brasil los procesos de industrialización comenzaron más temprano que en Colombia, esto generó un cambio radical en la ocupación del territorio urbano, a tal punto que algunos investigadores critican abiertamente esa visión tan simple del cambio de lo rural a lo urbano. A su vez, la relación rural-urbano en Colombia está marcada por un proceso de industrialización, pero también por el éxodo rural hacia las ciudades originado por la violencia política. Un segundo aspecto que muestra la diferencia entre los dos países es el fenómeno de violencia que ha azotado a Colombia de forma sostenida desde hace más de cincuenta años. En ese sentido, mientras en Brasil la discusión entre los rural y lo urbano gira en torno de diferencias conceptuales y aspectos simbólicos, Carneiro afirma así:
As propriedades estruturais do rural, como bem registra Mormont, são possibilidades simbólicas mas também possibilidades práticas. Elas orientam as práticas sociais sobre um determinado espaço, diria, sobre uma localidade, de acordo com os significados simbólicos que lhes são atribuídas. É nesse contexto que devem ser entendidas as novas dinâmicas da ruralidade associadas às atividades de lazer e, em particular, a ampliação e transformação do significado da terra.
En cambio, las preocupaciones para el investigador colombiano están fuertemente asociadas a la magnitud que la violencia ha ejercido en la sociedad nacional y, particularmente, en el sector rural, para poder entender los procesos de ocupación de los migrantes rurales a las ciudades, constituyendo un verdadero éxodo rural. Otro factor sumamente importante que marca la diferencia entre Brasil y Colombia ha sido la tenencia de la tierra.
En el caso colombiano, la ausencia de una reforma agraria real y pluralista ha sido el obstáculo para un desarrollo rural integrado. En contraste, los problemas asociados a la tenencia de la tierra en Brasil siguen siendo marcados por una distribución geográfica, más que un problema nacional de fondo. En ese sentido, la problemática que muestra la existencia del movimiento sin tierra queda asociado a un problema regional, mientras que el resto del país aparentemente no refleja el problema de la tenencia de la tierra como un problema estructural.
El escenario rural colombiano presenta una problemática bastante compleja: el campo colombiano viene presentan do un estancamiento cada vez más dramático, en un horizonte en el que no se ven posibilidades de desarrollo y de proyección. Los campesinos de nuestras regiones rurales cada vez se encuentran más solos ante las dificultades. En primer lugar, los problemas de comercialización de los productos agrícolas continúan siendo un obstáculo que impide el desarrollo de las regiones. En segundo lugar, la difícil competencia que han generado los cultivos ilícitos ha conllevado a un abandono significativo del sector productivo, y en tercer lugar las alternativas para crear y orientar otras formas de desarrollo desde la base campesina son cada vez más difíciles. En ese sentido, la sociedad campesina colombiana se encuentra en una encrucijada que se ha venido agudizando en las últimas décadas y que está caracterizada por tres aspectos básicos: en primer lugar, por un estancamiento constante en la producción económica del sector primario; en segundo lugar, por un progresivo fenómeno de migración de la población hacia centros de atracción local, y en tercer lugar, por una cada vez más dramática pobreza de la población que vive en los municipios colombianos.
Figura 1. Río Magdalena (departamento del Tolima). Fuente: Preciado, 2004
Quizás uno de los principales problemas derivados de la problemática rural colombiana actual es el desplazamiento cada vez más intenso hacia los centros urbanos. Se calcula que en los últimos cinco años aproximadamente unas 327.550 personas han huido del campo hacia la ciudad de Bogotá, conformando grupos de desplazados en sectores periféricos. Por otra parte, la calidad de vida de los campesinos colombianos ha venido disminuyendo paralelamente al grueso de la población en nuestro país. Las proyecciones hacia los próximos años son preocupantes en la medida que el Estado colombiano no ha generado estrategias reales para afrontar el problema de pobreza y deterioro de la calidad de vida de los municipios. Los modelos de desarrollo tradicional, basados en una productividad agrícola y ganadera, han descartado la posibilidad de potenciar el sector secundario y terciario de la economía campesina y, en gran medida, han determinado una crisis en la ruralidad colombiana, cuyos efectos aún distamos de evaluar. Es necesario pensar en alternativas que redimensionen, por un lado, la verdadera crisis del campo colombiano y, por otro, proyecten el desarrollo rural en el marco de una sostenibilidad ambiental, de tal forma que las comunidades rurales estructuren y proyecten su futuro a partir del aprovechamiento de los valiosos recursos naturales, para, de esta forma, poder generar un modelo de calidad de vida acorde con nuestras particularidades históricas y económicas. Como resultado del abandono del campo y de la agudización del conflicto armado, la productividad rural del país presenta un panorama preocupante; un ejemplo de lo anterior está en el hecho de que el sector agropecuario se encuentra en un estancamiento significativo: de una tasa promedio de crecimiento de 4,2% en el periodo 1986-1990, en la década siguiente sólo creció 2%, con tasas negativas de -1.8% y -3.4% en 1992 y 1996 respectivamente. En lo que va de la presente década el sector agropecuario ha crecido 4,14% en el año 2000, 1,8% en 2001, y 3,1% en 2002; lo anterior sin considerar el costo que implican los cultivos ilícitos.
Durante la década del noventa se dejaron de sembrar aproximadamente unas 800.000 hectáreas, hecho que afectó principalmente a los cultivos transitorios. En contraste las exportaciones de productos de origen agro industrial crecieron en el periodo 1990-2001, con un incremento del 16% al 17%. En ese mismo periodo de tiempo, se perdieron unos 150.000 empleos rurales. El sector cafetero perdió cerca de 75.000 empleos en medio de una crisis sin precedentes que afecta el sector desde 1993, con la caída de los precios internacionales y la competencia de cafés de países no tradicionalmente productores como Vietnam o Guatemala.
Es prácticamente imposible aportar una cifra medianamente real de los niveles de pobreza rural, pero lo cierto es que la población campesina está cada vez más expuesta a conformar estructuras productivas de cultivos ilícitos, como una forma de salir de ese ciclo vicioso de pobreza.
El aumento de la producción de esta clase cultivos en los años noventa, muestra los intereses que genera este tipo de actividad ilegal y los campesinos colombianos de una forma directa o indirecta se ven abocados a formar parte de esta cadena productiva. De acuerdo con un estudio reciente, cerca del 83% de la población rural es considera da pobre y el 43% es considerado en extrema pobreza, lo que representa más de 10 millones de personas viviendo en condiciones precarias en zonas rurales. Los estimativos demográficos indican que para el año 2003, la población del país se calcula en 44,5 millones de habitantes, de éstos un 28% que corresponden a 12,5 millones vive en el campo y de esta población rural, un 30% se encuentra asentada en sectores concentrados y el resto (70%) representa una población dispersa en nuestro país. En general, la calidad de vida en el sector rural es menor que en el sector urbano, esto es posible entenderlo en términos del acceso a servicios públicos, seguridad social, educación y condiciones de vivienda. Naturalmente esto constituye una situación grave, especialmente si recordamos que en nuestro país un porcentaje cercano al 40% del territorio es utilizado en actividades productivas del sector pecuario, seguido de unos porcentajes mucho menores para las actividades del sector forestal y agrícola; para tener una idea de esta situación, es importante recordar que el empleo que genera el sector agrícola es de apenas 21,1% del total de la población activa de nuestro país. Las estrategias para combatir la pobreza rural se pueden sintetizar en dos grandes experiencias: por un lado, el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRI), cuyo inicio se remonta a mediados de la década del setenta y, por otro, la Red de Solidaridad Social. En cuanto al programa DRI es importante anotar que tuvo como objetivo la transferencia de recursos financieros de la sociedad nacional hacia el campo, con el ánimo de capitalizar esas economías rurales. El segundo programa que actualmente actúa en el país cuenta con unos objetivos sumamente importantes en materia del apoyo a las comunidades pobres y vulnerables, pero sufre de graves problemas de financiación, lo que la hace literalmente inoperante. En medio de este escenario se destaca la necesidad de desarrollar un enfoque regional de trabajo con los municipios. El consejo regional de competitividad Bogotá (Cundinamarca) así lo expone en el documento de creación de dicha entidad, cuando propone un trabajo en el que se integren propuestas comunes que atañen a varios municipios, de tal suerte que esas alianzas estratégicas se traduzcan en una mayor eficacia y unos resultados más viables a corto y mediano plazo. El aislamiento de los municipios colombianos ha sido un problema complejo en el que confluyen dos grandes problemas, por un lado, la descentralización administrativa de los entes territoriales desde finales de la década del ochenta que plantea la necesidad de una autonomía financiera y administrativa de dichos entes. Por otro lado, ese esquema, conjuntamente con el inicio de una política aperturista de comienzos de los años noventa, dejó a los municipios en una encrucijada que, hasta el momento, ha arrojado un saldo negativo en términos de desarrollo territorial y regional. En comparación con el caso de Brasil la descentralización administrativa ocurre en la misma época que Colombia y plantea problemas similares, como es el abandono de los municipios, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con la financiación de programas de inversión social.
En ese sentido, es indudable que el municipio se constituyen en un eje central de la problemática rural tanto en Brasil como en Colombia. Así lo afirma Campanhola, cuando dice que:
…Há três argumentos que reforçam a tendência à municipalização. O primeiro, que os processos econômicos, políticos e sociais produzem impactos diferentes segundo a escala em que incidem, com independência de outros fatores ou variáveis. O segundo, que a comunidade local, ou o Município, constitui-se na unidade básica de convivência. E o terceiro, fundamenta-senas potencialidades que a escala local oferece para o desenvolvimento de processos de participação e democratização.
En el caso colombiano el municipio es verdaderamente el eje central para plantear un modelo de desarrollo rural, justamente por esas relaciones urbano-rurales que son tan cercanas y que generan un grado de interdepencia. En ese sentido, es sumamente atractivo pensar el municipio como una unidad donde no se marque esa diferencia rural y urbano, sino una entidad integral.
Figura 2. Cultivo de maíz (departamento del Tolima). Fuente:Preciado, 2004
Otro tema de gran importancia en la problemática rural de nuestros países latinoamericanos lo constituye la globalización como un fenómeno cada vez más fuerte y que afecta de una manera u otra las relaciones económicas, sociales, ambientales y culturales de nuestras sociedades. La década del noventa trae como signo indiscutible la globalización como fenómeno social, económico y cultural en todo el mundo. Bajo el enfoque de una economía globalizada, resulta curioso ver que el municipio colombiano debe insertarse en estos tiempos en un esquema de competitividad, sin estar preparado para tal salto. Algunos autores demuestran que el fenómeno conocido como globalización ha existido desde hace varias décadas, así lo afirma Paulo Noguera cuando dice que: “Los indicadores disponibles sugieren que los mercados financieros de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX eran más integrados que en cualquier periodo posterior, a pesar de los inmensos avances en materia de comunicaciones”. Lo cierto es que en el caso colombiano, la apertura económica iniciada por el ex presidente César Gaviria (1990-1994) sienta las bases de un modelo económico que se articula a la oleada neoliberal que recorre el continente desde mediados de la década del ochenta, caracterizado por la presión de las agencias financieras internacionales y la banca multilateral hacia los gobiernos de turno.
Si la articulación del modelo económico neoliberal corresponde en Colombia a un proyecto de país, avalado por los sucesivos gobiernos, entonces la situación se agudiza, por las siguientes razones: en primer lugar el país pretende, sobre la base de la existencia de una riqueza de recursos naturales, hacer parte de un contexto mundial competitivo en sectores como la exportación de bienes primarios, como por ejemplo el sector de alimentos. Esto estaría lejos de la realidad, pues para llevar a cabo una transformación del sector primario enfocada a la exportación de alimentos, sería necesaria la implantación de una infraestructura dirigida a apoyar las labores de producción, transformación y exportación, aspectos que distan lejos de la realidad en Colombia.
En contraste, países como Brasil vienen haciendo esfuerzos en ese sentido, convirtiéndose en el primer productor de soya del mundo, gracias a una agenda gubernamental consistente en fuertes inversiones de capital, pero gracias también a la existencia de una infraestructura en el sector tecnológico y adecuación de puertos y comunicaciones.
En segundo lugar, es difícil entender cómo el país puede convertirse de la noche a la mañana en un fuerte competidor en sectores como la transformación agro industrial, si se ha venido convirtiendo en un importador de alimentos, la cifra llega a los 8’000.000 de toneladas de alimentos para el año 2003, lo que se constituye en una verdadera vergüenza para el país, que hace apenas quince años atrás era autosuficiente.
La caída en general de la economía cafetera, que tocó fondo en 1993, dejó a las regiones productoras en una situación bastante complicada, pues a pesar del esfuerzo de entidades como la Federación de Cafeteros de Colombia, la búsqueda de alternativas productivas, no pasó de ser una retórica de políticos y burócratas de turno.
En ese mismo panorama, el tema forestal tiene una importancia relevante que es necesario mencionar. En efecto, la riqueza de bosques naturales del país es sistemáticamente aprovechada de manera ilegal ante la anuencia de las autoridades, que dicho sea de paso, no cuentan con una infraestructura apropiada para monitorear y controlar dicho fenómeno. Por otra parte, los costos de establecimiento de plantaciones forestales, así como el débil apoyo del Estado al sector, siguen siendo problemas que frenan el desarrollo de nuevos núcleos forestales en el país. Estos aspectos muestran un escenario difícil, pero a la vez constituyen un desafío para el mundo rural en las próximas décadas. Ahora bien, ante el panorama antes mencionado es importante generar una pregunta central: ¿cuál es el futuro del mundo rural? Ante lo cual es necesario esbozar un panorama futuro, pero realista.
El campo colombiano viene presentando un estancamiento cada vez más dramático, en un horizonte en el que no se ven posibilidades de desarrollo y proyección. La sociedad rural se encuentra en una encrucijada difícil, en el marco de un conflicto armado complejo que no deja opciones a la sociedad en su conjunto para proyectar alternativas de solución. Los campesinos de nuestras regiones rurales cada vez se encuentran más solos ante las dificultades. En primer
lugar, los problemas de comercialización continúan siendo una rigidez que impide el desarrollo de las regiones; en segundo lugar, la difícil competencia que han generado los cultivos ilícitos ha conllevado a un abandono significativo del sector productivo, y por último, las alternativas para crear otras formas de desarrollo desde la base campesina son cada vez menores.
En ese sentido, la sociedad campesina colombiana se encuentra en una encrucijada que se ha venido agudizando en las últimas décadas, ésta se caracteriza por tres aspectos básicos: como primer punto, se encuentra un estancamiento constante en la producción económica del sector primario, en segundo lugar está un progresivo fenómeno de migración de la población hacia centros de atracción local y, por último, cada vez hay más pobreza dentro la población que vive en los municipios colombianos.
Por un lado, quizás uno de los principales problemas derivados de la problemática rural colombiana actual es el desplazamiento cada vez más intenso hacia los centros urbanos. Se calcula que unas 327.550 personas han huido del campo hacia la ciudad de Bogotá, conformando grupos de desplazados en sectores periféricos. Por otro lado, la calidad de vida de los campesinos colombianos ha venido disminuyendo paralelamente al grueso de la población en nuestro país. Con respecto a esto, las proyecciones hacia los próximos años son preocupantes en la medida en que el Estado colombiano no ha generado estrategias reales para afrontar el problema de pobreza y el deterioro de la calidad de vida de los municipios. Los modelos de desarrollo tradicional, basados en una productividad agrícola y ganadera, y que han descartado la posibilidad de potenciar el sector secundario y terciario de la economía campesina, como ya hemos mencionado. Es necesario pensar en alternativas que redimensionen la verdadera crisis del campo colombiano y que de igual forma proyecten el desarrollo rural en el marco de una sostenibilidad ambiental, de tal forma que las comunidades rurales estructuren y proyecten su futuro con los recursos valiosos de los ecosistemas, así como de un modelo de calidad de vida acorde con nuestras particularidades históricas y económicas.
La violencia en Colombia tuvo a lo largo del siglo XX una serie de particularidades y características que es necesario mencionar de manera general para poder entender el momento actual y su relación con el sector agrario. Con el asesinato del caudillo del pueblo Jorge Eliécer Gaitán se inaugura un periodo conocido como La Violencia en el territorio colombiano. Fuertes presiones de grupos de poder, interpusieron de manera directa su influencia para eliminar potenciales líderes, capaces de generar una mejor y más justa distribución de la tierra. A lo largo de la década del cincuenta se intensifica el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores y la sociedad civil queda en medio de una confrontación absurda que le costó la vida a miles de colombianos. Por su parte, en los años sesenta –apaciguado el conflicto político–, surge una presión creciente por parte de grupos de labriegos en el país que exigen una participación plural y amplia en lo concerniente a la propiedad de la tierra. La constante actitud negligente de los distintos gobiernos para acceder a la creación de una verdadera reforma agraria, conllevó a la conformación de grupos de campesinos que crearon lo que en aquella época se denominó como Repúblicas independientes, que no eran otra cosa que espacios en el que confluían sectores campesinos que buscaban la productividad del territorio. En la región del centro oriente del país, desde hacia varios años atrás, se venía conformando una cultura campesina organizada, inicialmente para defender los intereses en el proceso de colonización, luego como una forma de resistencia ante la intolerancia de gobiernos veían estos movimientos altamente peligrosos al establecimiento, apoyados en la paranoia norteamericana que veía aquellos movimientos sociales como punta de lanza para un mundo cada vez más socialista.
En ese orden de ideas, los acontecimientos finales de este periodo confluyen en la conformación de lo que hoy conocemos como guerrillas izquierdistas. Éstas surgieron como resultado de la presión de los gobiernos civiles y militar hacia los campesinos, que eran vistos como una orientación diferente al ordenamiento jurídico nacional, del temor generalizad en la época por las fuerzas de izquierda; estos colonos fueron rabiosamente perseguidos por el Estado. Quizá el mayor efecto de este proceso histórico regional, será la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964 como consecuencia de la última represión militar en el centro oriente de Colombia. Como se mencionó en el apartado anterior, hacia comienzos de la década del ochenta surgen grupos de autodefensas, que luchan abiertamente contra los grupos guerrilleros. En ese orden de ideas la confrontación entre paramilitares y guerrilla en el escenario rural, tendrá como consecuencia directa un proceso de migración rural-urbano sin precedentes en otros países latinoamericanos y quizá del mundo entero. La participación en décadas recientes por parte de guerrilla y paramilitares, en el negocio de la siembra y producción de coca, ha agudizado aún más el conflicto, pues la rentabilidad en términos económicos de un negocio tan lucrativo, ha configurado un nuevo panorama de la violencia en Colombia.
Uno de los primeros obstáculos que se debe vencer es la prevaleciente cultura asistencialista en muchos municipios colombianos, que ha sido el resultado de la aplicación de programas que no tuvieron la continuidad y las proyecciones para generar un concepto de autogestión entre los entes territoriales, como es el caso del programa DRI, que se mencionó anteriormente. Un segundo obstáculo se refiere a superar ese discurso ambientalista en el cual los planteamientos de un conservacionismo extremo impiden ver la realidad del valor real de los recursos naturales. Lo interesante es que estas posiciones románticas que plantean al hombre en armonía con el entorno en un idílico jardín del edén, no proponen nada para disminuir los índices de pobreza rural, la cada vez más baja calidad de vida y la exclusión social de los actores sociales en el contexto de un conflicto armado. Justamente son esos recursos naturales los que pueden permitir mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad y aún más, generar un modelo de economía solidaria que debe ser el soporte para superar una economía de subsistencia que no se compadece con la necesidad de dinamizar y potenciar el campo colombiano en un escenario de competitividad.
La riqueza de recursos naturales que posee nuestro país puede y debe ser un camino hacia la generación de ingreso en la economía rural. Ahora bien, si las cosas están planteadas en el sentido de articular el sector primario en una agenda de competitividad regional y más aún si nuestros gobernantes quieren que el país se convierta en un exportador de productos provenientes del campo para no quedarnos fuera del esquema globalizante de la economía, es preciso hacer un alto en la jornada y mirar francamente nuestra realidad para plantearse esa perspectiva inmediata. Uno de los aspectos más importantes para analizar en este documento es el papel de los jóvenes rurales en el contexto colombiano. Así muestra esa realidad Carneiro, cuando dice que:
A juventude rural salta aos olhos como a faixa demográfica que é afetada de maneira mais dramática por essa dinâmica de diluição das fronteiras entre os espaços rurais e urbanos, combinada com o agravamento da situação de falta de perspectivas para os que vivem da agricultura.
Esta es una situación común en nuestros países latinoamericanos. En el caso colombiano, muchos de los jóvenes rurales están en un peligro inminente de conformar grupos armados, de formar parte de la delincuencia organizada del narcotráfico o finalmente migrar a las ciudades a formar parte de la gran masa de colombianos que son excluidos socialmente.
Ahora bien, un aspecto que muestra el documento de Carneiro es la influencia generacional en relación con el trabajo rural. Para los jóvenes actuales es mucho más difícil insertarse en el mercado laboral rural, en comparación con sus padres hace cuarenta años. En ese sentido, es importante empezar a estructurar formas alternativas de organización con las cuales los jóvenes hagan parte de un núcleo social dinámico y participativo.
En el caso de Colombia, es necesario resaltar el programa estatal llamado Jóvenes en Acción, que el actual gobierno viene impulsando para estimular el trabajo con aquellos jóvenes que viven en municipios con una alta vulnerabilidad social, especialmente por factores de violencia política. El otro tema que tiene una gran trascendencia en nuestra realidad rural lo constituye la globalización como un fenómeno mundial que ha venido afectando nuestro campo. En el caso colombiano, es importante resaltar dos aspectos: en primer lugar, desde una perspectiva oficial, se viene ofreciendo la idea de la necesidad de que nuestro país se articule rápidamente en una agenda de competitividad, de tal forma que podamos incrementar nuestras exportaciones y ser más competitivos frente a otros países. En segundo lugar, la globalización como fenómeno cultural ha venido causando verdaderos estragos en la sociedad colombiana, en la medida en que la influencia de patrones culturales, de patrones de consumo y de formas de representación social, son cada vez más agresivas en los distintos grupos sociales. Esto es realmente grave, en la medida en que la pérdida de identidad cultural determine otros patrones de consumo; ahora bien, en el contexto rural los efectos de una agresiva agenda globalizante son sumamente preocupantes, puesto que nuestros campesinos son relegados cada vez más como objetos decorativos, más que como componentes sociales funcionales de gran importancia en la economía del país. A diferencia de la teoría expuesta por José Elí Da Veiga sobre un renacimiento de lo rural en otros países, en el caso colombiano eso está por verse, en la medida en que el conflicto armado y la pobreza rural sigan mostrando esos alarmantes niveles.
Finalmente, al retomar la pregunta: ¿cuál es el futuro del mundo rural para Colombia?, definitivamente hay que decir que ese futuro depende de: en primer lugar, la gestión del Estado para generar un diálogo con los actores armados y así disminuir progresivamente los niveles de violencia que se generan especialmente en el escenario rural. En segundo lugar, hay que considerar que es con los jóvenes rurales con quienes se debe establecer un diálogo permanente y una inserción en unas estructuras productivas a largo plazo, para garantizar un proceso demográfico que impida la continua migración rural-urbana que no conduce a ninguna solución en la calidad de vida de esos jóvenes. Por último, se observa con mucha preocupación la influencia de unos patrones globales de consumo y una agresiva agenda por parte de bloques de países que conducirán inevitablemente a generar unos cambios radicales en los procesos productivos, en los cuales nuestros campesinos pueden resultar afectados, pues en el caso colombiano, a diferencia de otros países latinoamericanos, nosotros todavía no tenemos una preparación fuerte para ser competitivos en el contexto internacional.
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