DOI:

https://doi.org/10.14483/2256201X.18844

Publicado:

01-07-2022

Número:

Vol. 25 Núm. 2 (2022): Julio-diciembre

Sección:

Artículos de investigación científica y tecnológica

Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura

Environmental Conflicts in Colombia: Considerations on Positive Change from a Literature Review

Autores/as

  • Diana Morales Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Línea de Gestión de Conflictos Socioecológicos. Bogotá, Colombia https://orcid.org/0000-0001-7069-9185
  • Paola María Ungar Ronderos Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Línea de Gestión de Conflictos Socioecológicos. Bogotá, Colombia https://orcid.org/0000-0003-0561-9665

Palabras clave:

Positive changes, Environmental Dialogue Regional Centers, Colombia, Environmental conflict resolution, Environmental conflict transformation (en).

Palabras clave:

Cambios positivos , Centros Regionales de Diálogo Ambiental, Colombia, Resolución de conflictos ambientales , Transformación de conflictos ambientales (es).

Biografía del autor/a

Diana Morales, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Línea de Gestión de Conflictos Socioecológicos. Bogotá, Colombia

Socióloga, Máster en planificación territorial y gestión ambiental, Especialista en Derecho del Medio Ambiente. Más de 5 años de experiencia en caracterización y análisis de conflictos ambientales y actores sociales, en gestión de conflictos y diálogo social con comunidades locales en áreas de importancia ambiental como páramos y en territorios con presencia del sector minero energético.

Paola María Ungar Ronderos, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Línea de Gestión de Conflictos Socioecológicos. Bogotá, Colombia

Profesional en biología con doctorado en ciencias ambientales y más de 15 años de experiencia en gestión e investigación sobre relaciones sociedad - naturaleza en torno a la conservación en Colombia. Coordinación de proyectos interdisciplinarios para la caracterización de ecosistemas de alta montaña y sistemas sociales asociados. Líder de la línea de investigación en Gestión de Conflictos Socioecológicos del Instituto Humboldt.

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Cómo citar

APA

Morales, D., y Ungar Ronderos, P. M. (2022). Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colombia forestal, 25(2), 85–103. https://doi.org/10.14483/2256201X.18844

ACM

[1]
Morales, D. y Ungar Ronderos, P.M. 2022. Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colombia forestal. 25, 2 (jul. 2022), 85–103. DOI:https://doi.org/10.14483/2256201X.18844.

ACS

(1)
Morales, D.; Ungar Ronderos, P. M. Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colomb. for. 2022, 25, 85-103.

ABNT

MORALES, Diana; UNGAR RONDEROS, Paola María. Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colombia forestal, [S. l.], v. 25, n. 2, p. 85–103, 2022. DOI: 10.14483/2256201X.18844. Disponível em: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18844. Acesso em: 28 mar. 2024.

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Morales, Diana, y Paola María Ungar Ronderos. 2022. «Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura». Colombia forestal 25 (2):85-103. https://doi.org/10.14483/2256201X.18844.

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Morales, D. y Ungar Ronderos, P. M. (2022) «Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura», Colombia forestal, 25(2), pp. 85–103. doi: 10.14483/2256201X.18844.

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[1]
D. Morales y P. M. Ungar Ronderos, «Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura», Colomb. for., vol. 25, n.º 2, pp. 85–103, jul. 2022.

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Morales, Diana, y Paola María Ungar Ronderos. «Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura». Colombia forestal, vol. 25, n.º 2, julio de 2022, pp. 85-103, doi:10.14483/2256201X.18844.

Turabian

Morales, Diana, y Paola María Ungar Ronderos. «Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura». Colombia forestal 25, no. 2 (julio 1, 2022): 85–103. Accedido marzo 28, 2024. https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18844.

Vancouver

1.
Morales D, Ungar Ronderos PM. Conflictos ambientales en Colombia: reflexiones sobre sus cambios positivos a partir de una revisión de literatura. Colomb. for. [Internet]. 1 de julio de 2022 [citado 28 de marzo de 2024];25(2):85-103. Disponible en: https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/colfor/article/view/18844

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Recibido: 25 de noviembre de 2021; Aceptado: 23 de febrero de 2022

Resumen

Los conflictos ambientales han venido aumentando en Colombia y América Latina, y han emergido diferentes políticas públicas que le apuestan a resolverlos. Con base en una revisión de literatura, indagamos por las formas en que se han entendido los cambios positivos en los conflictos ambientales en el país, así como por las condiciones que se han identificado como favorables para estos cambios. Las nociones de resolución y transformación, aunque tienen diferentes genealogías conceptuales e implicaciones políticas, podrían ser consideradas complementarias en la práctica. Dentro de los factores favorables a los cambios positivos encontramos el fortalecimiento de la organización comunitaria, el establecimiento de procesos de diálogo sostenidos en el tiempo que permitan construir confianza, las herramientas legales que garanticen la participación social en las decisiones ambientales y la apropiación de diferentes formas de conocimiento. Concluimos con recomendaciones para la operación de los Centros Regionales de Diálogo Ambiental propuestos por el Estado colombiano en 2018.

Palabras clave:

cambios positivos, Centros Regionales de Diálogo Ambiental, Colombia, resolución de conflictos ambientales, transformación de conflictos ambientales..

Abstract

Environmental conflicts have been growing in number in Colombia and in Latin America, and different public policies aimed at their resolution have emerged. Based on a literature review, we investigated how ‘positive change’ has been conceived in the country regarding environmental conflicts, and which conditions have been considered favorable for these changes. The concepts of resolution and transformation, although with differing conceptual origins and political implications, could be considered to be complementary in practice. Among the factors favorable to positive change in environmental conflicts, we found the strength of community organizations, the establishment of sustained dialogues that allow building trust, legal instruments that guarantee social participation in environmental decisions, and the social appropriation of different forms of knowledge. We conclude with some recommendations for the Regional Centers of Environmental Dialogue proposed by the Colombian government in 2018.

Keywords:

positive changes, Environmental Dialogue Regional Centers, Colombia, environmental conflict resolution, environmental conflict transformation..

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Atlas de Justicia Ambiental, los conflictos ambientales constituyen un fenómeno creciente en América Latina (Temper et al., 2015), fenómeno que ha despertado un interés notable tanto en la academia como en las políticas públicas. Por una parte, la ecología política latinoamericana ha construido un cuerpo teórico robusto para la comprensión de estos conflictos como manifestaciones de resistencia de las comunidades locales frente a la imposición colonial de un modelo de desarrollo que trae consigo inequidad en la distribución ecológica, económica y cultural (Escobar, 2006; Gudynas, 2011; van Teijilingen & Dupuits, 2021). En Colombia, autores como Escobar (2006), Ulloa (2007) y Vélez-Torres (2019) sentaron las bases para su análisis, y los artículos académicos sobre este tipo de conflictos pasaron de uno a cuarenta y dos entre 1989 y 2020 (de acuerdo con una búsqueda realizada en Scopus en el marco de este estudio en mayo de 2021).

Por otra parte, diferentes apuestas de política pública apuntan a gestionar dichos conflictos. Por ejemplo, a nivel Latinoamérica, el Acuerdo de Escazú es visto por organizaciones de la sociedad civil como un instrumento que contribuye al desescalamiento y prevención de los conflictos ambientales (Asociación Ambiente y Sociedad, 2018; Foro Nacional Ambiental, 2020). En Colombia, distintos gobiernos han incorporado en los planes nacionales de desarrollo instrumentos que busquen resolver o transformar los conflictos ambientales.

Particularmente, el Plan de Desarrollo 2018-2022 (Congreso de la República de Colombia, 2019) establece instancias denominadas Centros Regionales de Diálogo Ambiental (CRDA) para el diálogo ambiental con miras a la prevención y transformación de los conflictos ambientales. Estos centros fueron creados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2018 mediante la Resolución 2035 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), la cual define los CRDA como “instancias de facilitación, articulación, participación, cooperación y reflexión para la (…) discusión de alternativas de prevención y transformación positiva de los conflictos de índole socioambiental (…)” (art. 1). Como parte del alcance de dichos centros, el artículo 4 de la Resolución establece, en procura de la prevención o transformación de los conflictos ambientales, entre otras acciones, “facilitar la articulación institucional”, “recomendar al gobierno nacional la adopción de medidas”, “promover la gestión de programas, proyectos y medidas” e incluso “fomentar cambios de paradigma y percepción de las comunidades”.

Resulta entonces pertinente preguntarse por la forma en que se puede definir, lograr y evaluar la ‘resolución’ o ‘transformación positiva’ de los conflictos ambientales, teniendo en cuenta tanto las propuestas conceptuales como los estudios empíricos del fenómeno en el país. Este artículo aborda esta cuestión en tres niveles. En primer lugar, presentamos los resultados de una revisión de la literatura académica sobre los conceptos de resolución y transformación de conflictos ambientales, en la cual indagamos por su genealogía y su definición, así como por las variables con las que se ha propuesto evaluar los cambios en el conflicto. En segundo lugar, a la luz de dicha revisión, analizamos una selección de estudios de caso, preguntándonos por las formas en que el cambio positivo en los conflictos ambientales ha sido entendido en la literatura académica en el país y qué condiciones se han considerado favorables para este tipo de cambio. Finalizamos con una reflexión sobre las implicaciones de este análisis para el diseño e implementación de políticas que aspiren a contribuir al diálogo ambiental, tales como los CRDA en Colombia.

Marco teórico

El estudio de los conflictos ambientales surge en la década de los años sesenta, en un contexto caracterizado por los debates en torno a los efectos negativos del desarrollo industrial sobre la naturaleza y la intensificación en su apropiación por parte de los seres humanos (Güiza & Palacio, 2013; Ozawa, 1996). A partir de entonces se han desarrollado distintas aproximaciones para entender la dimensión ‘ambiental’ de los conflictos (Gudynas, 2007; Folchi, 2001; Walter, 2009; del Cairo et al., 2014). El estudio de los conflictos ambientales ha tenido un desarrollo particularmente amplio en América Latina, donde se han puesto de manifiesto sus raíces profundas en la colonialidad y en los desequilibrios de poder asociados con esta en sus dimensiones económica, ecológica y cultural (Escobar 2006; Rodríguez et al., 2015). Para los fines de este artículo, definimos ampliamente un conflicto socioambiental o ambiental como aquella situación en la que al menos dos actores, cuyos vínculos se caracterizan con frecuencia por desequilibrios de poder, se enfrentan en el ámbito público por la concepción, la valoración, el acceso, el uso o la gestión de la naturaleza, ya sea en el presente o en torno a futuros deseados divergentes (Folchi, 2001; Gudynas, 2007; Merlinsky, 2013; Peña-Reyes, 2008; Rodríguez, 2006; Walter, 2009). En este artículo nos interesa indagar por los cambios positivos en los conflictos ambientales. Para este fin, la literatura académica ha recurrido principalmente a dos enfoques: la resolución de conflictos ambientales, o ECR por sus siglas en inglés, y la transformación de conflictos ambientales. Tal como se señalará más adelante en esta sección, la transformación de conflictos ambientales está estrechamente vinculada con la justicia ambiental.

Resolución de conflictos ambientales

A partir de los años sesenta, y con mayor fuerza en los setenta, en un contexto caracterizado por el auge de movimientos ambientales, el surgimiento de una conciencia ambiental global y el desarrollo de tratados internacionales de carácter ambiental, aparece en Estados Unidos la llamada Alternative Dispute Resolution (Ascerald et al., 2010) como mecanismo para lograr que los conflictos se tramitaran por fuera de instancias judiciales (Raines & Kubala, 2011). Al ser aplicada a los conflictos ambientales, recibe el nombre de Environmental Conflict Resolution (ECR). En la década de los años noventa, la ECR empieza a ser promovida en América Latina por organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la Universidad de la Paz y universidades del hemisferio norte (Ascerald et al., 2010), pues se considera una alternativa costo-efectiva (en términos de gastos administrativos y judiciales) en comparación con el desarrollo de litigios en tribunales judiciales.

Aunque no existe un consenso frente a la manera en que se define la ECR, pues hay distintas formas de entender los conceptos de conflicto y ambiente (Fisher & Sablan, 2018), es posible afirmar que, en términos generales, hace referencia a un conjunto de mecanismos (mediación, facilitación, conciliación, arbitraje, entre otros) que le permiten a los actores involucrados construir consensos en el corto plazo en torno al uso de los recursos en disputa y sin recurrir a instancias judiciales (O'Leary & Bingham, 2003; Lederach, 2003a). Estos mecanismos se caracterizan por: a) la participación voluntaria de las partes involucradas en la disputa durante el desarrollo del proceso; b) la interacción cara a cara de los actores involucrados en el conflicto o de sus representantes; c) la existencia de consenso entre todos (o la mayoría) de los actores involucrados en el conflicto frente a la decisión final o el acuerdo que se construye a partir del proceso de resolución; y, en ocasiones, la inclusión de un tercero neutral como mediador o facilitador del proceso (Crowfoot & Wondolleck, 1990; O'Leary & Bingham, 2003; Dukes, 2004; Fisher & Sablan, 2018).

La ECR parte de algunos supuestos: a) la posibilidad de que las partes involucradas en el conflicto lleguen a acuerdos a partir de diálogos basados en lenguajes conmensurables y en información técnico-científica considerada legítima por todas las partes; b) la existencia de relaciones de poder simétricas entre los actores involucrados en la disputa, quienes pueden sentarse a negociar cara a cara; c) la posibilidad de un gana-gana (generalmente económico) entre las partes en el marco del acuerdo; y d) la visión del conflicto como una situación que hay que superar (Ascerald et al., 2010). Así mismo, desde este enfoque impera una visión temporalmente limitada del conflicto, que no considera su trayectoria histórica como una dimensión a tener en cuenta (Correa & Rodríguez, 2005). En resumen, en la ECR, los conflictos ambientales parecen entenderse como situaciones negativas e indeseadas a superar en el corto plazo a través de acuerdos entre actores con diferentes intereses que se encuentran aparentemente en igualdad de condiciones en torno al uso de los recursos naturales.

La adopción e inversión de recursos en la ECR por parte de organismos públicos llevó a la necesidad de evaluarla sistemáticamente. En la literatura existen diversos trabajos en los que se abordan las formas de evaluar la implementación de la ECR (Dukes, 2004; Emerson et al., 2009; Fisher & Sablan, 2018). En términos generales, es posible identificar dos aproximaciones complementarias. Por una parte, se propone observar las variables asociadas al proceso de construcción de los acuerdos, tales como la calidad, diversidad y confiabilidad de la información empleada; la justicia, legitimidad y costo-efectividad del proceso o el cambio en las relaciones entre los actores. Por otra parte, es posible evaluar el acuerdo alcanzado mediante el análisis de variables como la legitimidad, las mejoras en el sistema socioecológico involucrado en la disputa, la duración del acuerdo, la disminución del nivel de controversia o el incremento del capital social y político (Dukes, 2004; Emerson et al., 2009; Fisher & Sablan, 2018). La definición de los factores que permiten evaluar los procesos de resolución de conflictos ambientales depende de la intencionalidad de la evaluación (Fisher & Sablan, 2018; Kaufman et al., 2014), es decir, de si se busca evaluar procesos disímiles entre sí a partir de las variables antes mencionadas (generalización) o se busca analizar caso a caso cada conflicto para indagar por sus lecciones aprendidas particulares (reflexividad). Así mismo, autores como Dukes (2004) llaman la atención frente al reto que representa dar cuenta del impacto de la ECR sobre los sistemas socioecológicos y, en particular, sobre el ambiente, en la medida en que la complejidad del funcionamiento de dichos sistemas hace difícil atribuir un cambio en las condiciones de los ecosistemas únicamente al proceso de resolución.

Transformación de conflictos ambientales

En contraste con la ECR, el enfoque de transformación de conflictos ambientales nace en el marco de los estudios de paz, particularmente de aquellos relacionados con sociedades en postconflicto armado (Galtung, 2004; Lederach, 2003b). Este enfoque entiende el conflicto como un fenómeno dinámico, con raíces profundas en estructuras de poder que tienen trayectorias históricas de largo plazo (Correa & Rodríguez, 2005). Desde esta perspectiva, los conflictos son inherentes al desarrollo de las relaciones sociales, tienen el potencial de generar cambios en las estructuras sociales para construir escenarios deseados de futuro de mayor justicia ambiental y menor violencia, y su transformación es un proceso sociopolítico, cultural y psicosocial de largo plazo y adaptativo (Rodríguez et al., 2015). Muchas veces, los conflictos se desarrollan en ciclos prolongados de daño y destrucción, por lo que los cambios positivos no siempre se logran (Lederach, 2003a). No obstante, la clave está en “asumir una predisposición activa de ver en el conflicto su potencial catalizador de crecimiento” (Lederach, 2003a, p. 17) para promover cambios estructurales en el conjunto de las relaciones que le dieron origen (Rodríguez et al, 2015). Esto implica un compromiso ético y político con un proceso que permita transformar las relaciones, los intereses, los discursos y las estructuras de poder que históricamente han incidido en el escalamiento de los conflictos (desigualdades en el acceso a la tierra, discriminación, entre otras) (Miall, 2004).

Dado su reconocimiento de los vínculos entre poder y conocimiento, la transformación llama la atención sobre la necesidad de dar espacio a la manera de concebir el territorio, enmarcar los problemas y conocer la naturaleza en la comprensión de los conflictos ambientales, como una forma de generar nuevos conocimientos, fortalecer el lugar de enunciación de los actores subalternos y su capacidad de agencia frente a actores más poderosos y llenar vacíos o consolidar alternativas frente a la información proporcionada por estos últimos (Rodríguez et al., 2015 Vélez-Torres et al., 2012). Desde una perspectiva más radical, se trataría de reconocer y hacer posibles las realidades subalternas que los discursos hegemónicos han juzgado imposibles, de concebir un mundo donde quepan muchos mundos (Escobar, 2006).

Rodríguez et al. (2019), partiendo de los planteamientos de los estudios de paz y de la teoría decolonial, plantean que la transformación está directamente asociada con la justicia ambiental. En este contexto, se entiende el poder como un proceso que permite a los actores excluidos potenciar y usar sus recursos y fuentes para cambiar las circunstancias “y hacer contrapeso a las fuerzas de dominación en los diferentes ámbitos del espacio público” (Rodríguez et al., 2015, p. 113). Estos mismos autores afirman que, en la medida en que la transformación de conflictos contribuye a disminuir las asimetrías de poder, esta permite escenarios de mayor justicia ambiental. En otras palabras, una transformación positiva de un conflicto sería aquella que conduzca a una mayor justicia ambiental. En el caso de los pueblos indígenas, se ha propuesto que la justicia ambiental es relacional, dado que implica vínculos alternativos con el territorio, entre humanos y no-humanos y entre géneros (Ulloa, 2007).

Estos autores también identifican, como factores clave de la transformación de los conflictos ambientales, la diversificación del control local de los medios de producción y de la tecnología, el grado de control de las comunidades locales sobre la distribución de los daños y beneficios del medio ambiente, el fortalecimiento de las instituciones comunitarias y el incremento de la salud y la integridad del medio ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

Además de la revisión conceptual y metodológica sobre conflictos ambientales desde diferentes marcos analíticos, la cual ha sido expuesta en las secciones anteriores, en abril de 2020 se realizó una selección inicial de publicaciones en revistas académicas con los términos “conflictos ambientales” o “conflictos socioambientales” y “Colombia” (en el título, palabras clave o resumen) en los motores de Ebsco, Scopus y Scielo, tanto en español como en inglés. Esta decisión metodológica condujo a que se quedaran por fuera del análisis al menos dos grupos importantes de estudios, los cuales se requeriría explorar en el futuro para tener una respuesta más completa a la pregunta de investigación. Por una parte, se excluyeron los trabajos académicos que emplean categorías como “conflictos territoriales” o “conflictos por la tierra”, que están en la base de fenómenos que han marcado la historia ambiental del país (Perilla-Lozano & Vásquez-Cruz, 2019). Sin embargo, es importante tener en cuenta que, así como la separación entre medio ambiente y territorio es una separación con fines analíticos que resulta de la mirada disciplinar moderna (Porto-Gonçalves, 2002), la división entre conflictos ambientales y conflictos territoriales es una clasificación arbitraria, dado que la mayor parte de los conflictos ambientales están intrincados con el territorio y viceversa (Ascerald et al., 2010). No obstante, como se expuso en la introducción, este artículo busca dialogar con las políticas del sector ambiental en que se habla explícitamente de conflictos ambientales o socioambientales y, por ende, se centró en la literatura que los nombra de esta forma. Por otra parte, no se incluyeron en esta selección documentos no académicos, como aquellos elaborados por instituciones públicas en cumplimiento de su misión (por ejemplo, planes de manejo de áreas protegidas) o por organizaciones no gubernamentales que han trabajado en torno a estos procesos. Procesos como los adelantados como parte de la construcción de regímenes especiales de manejo (REM) en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales traslapadas con resguardos indígenas con seguridad contribuirían a tener respuestas más robustas a las preguntas aquí planteadas.

La búsqueda inicial de literatura sobre conflictos ambientales o socioambientales arrojó 1792 publicaciones académicas, en su mayoría teóricas (e.g., Escobar, 2006) o de caracterización de conflictos ambientales o socioambientales en Colombia, incluyendo artículos, libros y tesis (e.g., Vélez-Torres & Vélez, 2019). Esta búsqueda permitió profundizar en el marco teórico expuesto en la sección anterior, particularmente en los desarrollos de la ecología política en América Latina y sus vínculos con la noción de justicia ambiental, y enriquecer la discusión de los resultados del análisis de estudios de caso. Sin embargo, dado que el interés de este trabajo se centra en una revisión de los cambios en los conflictos ambientales a partir de ejercicios empíricos (es decir, con base en estudios que hicieron seguimiento a un proceso de cambio de un conflicto particular), se reforzó la búsqueda añadiendo los términos “transformación” o “manejo” o “resolución”. Este ejercicio arrojó un total de 143 documentos (tesis, artículos, libros, capítulos de libro), que fueron sistematizados a partir de preguntas claves con el fin de indagar si mostraban resultados empíricos de los procesos de resolución y transformación, en aras de seleccionar aquellos que dieran cuenta de estudios de caso. Este filtro arrojó 12 artículos.

De forma simultánea, se indagó con expertos en el tema sobre estudios de caso de este tipo, lo cual permitió dialogar no solo con los índices académicos, sino con otras investigaciones que se han desarrollado en los últimos años. Se seleccionaron 19 documentos en total (10 artículos de revista, 3 capítulos de libro, 2 libros, 3 trabajos de grado y 1 documento de trabajo). En conjunto, los documentos seleccionados dan cuenta de más de 100 estudios de caso (Tabla 1). Estos documentos se analizaron indagando específicamente por a) de qué forma se define el cambio en el conflicto ambiental y b) las condiciones que se considera permitieron o facilitaron el cambio analizado.

Tabla 1: Documentos seleccionados para el análisis, que abordan empíricamente casos de transformación o resolución de conflictos socioambientales en Colombia

1 Amaya, M. T. (1992). Piecing it together: The struggle for the Macarena nature reserve. Environment and Urbanization, 4(1), 85-88. https://doi.org/10.1177/095624789200400109 1
2 Gorricho, J., & Rivera, C. (2005). Cartografía de conflictos ambientales en el mar de providencia y Santa Catalina, Colombia, para la creación de espacios colaborativos. En H. Correa & I. Rodríguez (Eds.), Encrucijadas ambientales en América Latina. Entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos naturales (pp. 183-202). Universidad para la Paz, ONU. 1
3 Rodríguez, M. (2005). Evolución del manejo alternativo del conflicto territorial en el pacífico vallecaucano-Colombia. En H. Correa & I. Rodríguez (Eds), Encrucijadas ambientales en América Latina. Entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos naturales (pp. 183-202). Universidad para la Paz, ONU. 1
4 Rosero, M., & Amaya, J. (2005). Desandar el camino: la historia de un proceso de conservación bio-cultural en Colombia como herramienta para la transformación de conflictos actuales y futuros. En H. Correa & I. Rodríguez (Eds.), Encrucijadas ambientales en América Latina. Entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos naturales (pp. 163-183). Universidad para la Paz, ONU. 1
5 Jure, C. (2010). Transformación de conflictos socioambientales como apuesta de construcción de paz: el caso del proceso de diálogo en la cuenca baja del río La Miel (Tesis de especialización, sin publicar, Universidad Nacional de Colombia). http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/564 1
6 Serrano, N. (2011). Construcción del hábitat urbano en el ámbito público: el caso del conflicto del humedal de Córdoba. Bitácora Urbano Territorial, 11(1) 8-19. https://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/article/view/18627 1
7 Vélez, M., Ramos, P., & Alayón, L. (2011). Instituciones anidadas para prevenir y resolver conflictos socio-ambientales: manejo y distribución del agua en Campo Alegre (Huila, Colombia). Cuadernos de Desarrollo Rural, 8(67), 71-90. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-14502011000200004&lng=en&nrm=iso 1
8 Pérez-Rincón, M. (2014). Capítulo 4. Conflictos ambientales en Colombia: Inventario, caracterización y análisis. En Contraloría General de la Nación (Eds.) Minería en Colombia: Control público, memoria y justicia socio-ecológica, movimientos sociales y posconflicto (pp. 253-325). Contraloría General de la Nación. http://hdl.handle.net/10906/80461 72
9 de Pourcq, K., Thomas, E., Arts, B., Vranckx, A., Léon-Sicard, T., & Van Damme, P. (2015). Conflict in protected areas: Who says co-management does not work? PLoS One, 10 (12), e0144943. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0144943 10
10 Güiza-Suárez, L., Londoño-Toro, B. Rodríguez-Barajas, C. D., & Zuluaga, J. (2015). Las agendas interinstitucionales ambientales: un instrumento para la resolución de conflictos ambientales. Revista de Estudios Sociales, 53, 29-42. https://doi.org/10.7440/res53.2015.02 1
11 Munévar-Quintero, C. A., & Valencia-Hernández, J. G. (2015). Origen y transformación del conflicto ambiental: análisis de los procesos de participación y educación en dos estudios de caso. Civilizar Ciencias Sociales y Humanas, 15(28), 47-60. https://doi.org/10.22518/16578953.279 2
12 Sanz-Galindo, G. (2015). Micro and small enterprises, water and developing countries: a challenge for sustainability in Colombia (Disertación Doctoral, Universidad de Amsterdam e Instituto UNESCO-IHE para la educación relativa al agua). https://www.un-ihe.org/sites/default/files/2015_unesco-ihe_phd_thesis_sanz_i.pdf 2
13 Durán, C. (2009). Gobernanza en los Parques Nacionales Naturales colombianos: reflexiones a partir del caso de la comunidad Orika y su participación en la conservación del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo. Revista de Estudios Sociales, 32, 60-73. https://doi.org/10.7440/res32.2009.04 1
14 Altamira-Rivera, S. (2018). Repertorios de acción colectiva en conflictos ecológico-distributivos como herramienta para la justicia ambiental en Colombia: un análisis desde el atlas global de justicia ambiental (Tesis de Maestría en Desarrollo Sostenible, Universidad del Valle). https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/bitstream/handle/10893/12967/CB-0576377.pdf;jsessionid=4E1F702337ED1AF16024680AA823B232?sequence=1 24
15 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Agencia Nacional de Tierras (ANT). (2019). Las zonas de reserva campesina: retos y experiencias significativas en su implementación. FAO. 6
16 López- Estupiñán. L. (2019). La colectividad como resistencia en la cuenca alta del río Chicamocha. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 14 (2), 43-53. https://doi.org/10.11144//javeriana.mavae14-2.lccr 1
17 Lyons, K. M. (2019). Ríos y reconciliación profunda: la reconstrucción de la memoria socio-ecológica en tiempos de conflicto y “transición” en Colombia.Maguaré, 33 (2), 209-245. https://doi.org/10.15446/mag.v33n2.86201 1
18 Perilla-Lozano, L., & Vásquez-Cruz, O. (2019). Caminos hacia la transformación: Análisis de los abordajes de las comunidades y el Estado sobre 5 casos de conflictos por la tierra y el territorio. Embajada de Suiza en Colombia, Universidad de la Amazonia, Universidad de Cartagena, Universidad Popular del Cesar, Universidad de los Llanos, Universidad Nacional de Colombia. 5
19 Vélez-Torres, I., Rátiva-Gaona, S., & Varela-Corredor, D. (2012). Cartografía social como metodología participativa y colaborativa de investigación en el territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía 21(2), 59-73. https://doi.org/10.15446/rcdg.v21n2.25774 1

RESULTADOS

La selección de estudios de caso arrojó 19 documentos (Tabla 1). Este resultado sugiere que el interés académico por el estudio de la resolución o transformación de conflictos ambientales en Colombia es mucho menor que el interés en su caracterización, abarcando menos del 10 % del total de la literatura. El hecho de que que una proporción muy reducida de este universo se interese por estudios de caso da indicios sobre la necesidad de investigar este tema de forma empírica.

Los estudios seleccionados son muy heterogéneos en cuanto a los tipos de actores involucrados (comunitarios, estatales, empresariales, a nivel local, regional y nacional), el contexto del conflicto (urbano o rural) y la escala espacial y temporal del análisis (ver Discusión y conclusiones). Teniendo en cuenta esta heterogeneidad, el ejercicio que nos proponemos aquí, basado en la agregación y comparación de casos diversos, se desarrolla en medio de una tensión entre la particularidad de cada caso y la generalización que consideramos útil para producir lineamientos para la toma de decisiones a nivel regional o nacional.

Dentro de los documentos seleccionados, es importante resaltar dos asuntos. Por una parte, hay dos publicaciones que indagan explícitamente por cuestiones similares a las que exploramos aquí: Encrucijadas ambientales en América Latina: entre el manejo y la transformación de conflictos por recursos naturales (Correa & Rodríguez, 2005) presenta la sistematización, a través de la investigación-acción, de treinta experiencias de resolución de conflictos en la región, tres de ellas en Colombia, preguntándose por los factores que afectan el tránsito hacia estrategias de colaboración y por los factores que determinan la calidad y eficacia de dichas estrategias. Caminos hacia la transformación: análisis de los abordajes de las comunidades y el Estado sobre 5 casos de conflictos sobre la tierra y el territorio (Perilla-Lozano & Vásquez-Cruz, 2019), si bien no aborda explícitamente la cuestión ambiental en su enunciado, contiene al menos cuatro casos en los que alguno de los actores incluye, dentro de sus reivindicaciones, la valoración, el uso o el acceso a la naturaleza (e.g., el establecimiento de un área protegida o el deterioro de la calidad del agua). Por otra parte, si bien hay una diversidad considerable en los tipos de conflictos, la mayoría de los documentos se centra en aquellos que se desarrollan en torno a áreas protegidas o el ordenamiento del territorio para el uso de recursos naturales. Los resultados de nuestro análisis arrojan, de manera indirecta, pistas para la gestión de los bosques con una perspectiva de cambio positivo en los conflictos ambientales. Es notable, sin embargo, el vacío en estudios específicos sobre conflictos forestales, a pesar de que se ha reconocido el vínculo potencial entre estos y la construcción de paz (Rettberg, 2006).

DISCUSIÓN

¿Transformación o resolución?

Encontramos que la forma de nombrar el cambio es heterogénea y, aunque con frecuencia se usan los términos resolución y transformación, estos no necesariamente están relacionados con los marcos conceptuales expuestos en la sección anterior. A raíz de esta observación, nuestro análisis se enfoca en la noción de ‘cambio positivo’ y aborda el contenido de los estudios analizados, preguntándose por la manera en que se define un cambio de este tipo en términos de su relación con las bases conceptuales de la resolución y la transformación, sin detenerse en la nomenclatura que utilizan.

Transformación

Algunas de las investigaciones analizadas conciben el cambio deseable de formas que se podrían considerar en términos generales afines al enfoque de transformación presentado en el marco teórico, en tanto desafían explícitamente factores estructurales de los conflictos, en particular los marcos normativos, los desequilibrios de poder y la imposición de modelos de desarrollo del orden nacional sobre alternativas más territorializadas. Un ejemplo de este enfoque es el trabajo de Amaya (1992) (ID1), donde se considera el cambio en el marco legal en torno a áreas protegidas como un resultado positivo del proceso, el cual se desarrolla a través de estrategias adversariales como marchas y protestas. El estudio de dos casos hecho por Munévar-Quintero y Valencia-Hernández (2015) (ID11) también puede enmarcarse en la noción de transformación en tanto define el cambio positivo como el paso de un daño ambiental no percibido a uno percibido, y, en esta medida, el conflicto puede ser llevado a los estrados judiciales por los afectados para reclamar sus derechos, “contrarrestar factores externos de poder (…) y conformar una cultura democrática” (Munévar-Quintero & Valencia-Hernández, 2015, p. 55).

Otro estudio con este enfoque es la sistematización de experiencias de resistencia a proyectos extractivos en la cuenca alta del Río Chicamocha (López-Estupiñán, 2019). A través del fortalecimiento de capacidades, la profundización de los vínculos entre actores locales y el diálogo de saberes, se pusieron en evidencia las afectaciones e irregularidades en procesos de licenciamiento ambiental para extracción de hidrocarburos y se logró la modificación o negación de estas licencias, a la vez que se fortalecieron redes entre actores sociales. Utilizando los mecanismos establecidos por el Estado, al desafiar el modelo de desarrollo previsto para sus territorios, estos procesos se pueden entender como enmarcados en una apuesta por la transformación en la medida en que se valora como positiva la redistribución del poder para la toma de decisiones sobre el territorio. El trabajo de Vélez-Torres et al. (2012) (ID19) también se enmarca en la transformación en tanto concibe el cambio deseado en términos del posicionamiento de las experiencias geohistóricas de las comunidades “bajo ejercicios autónomos de poder” (p. 2), a través de procesos de investigación participativa que contribuyen a la defensa del territorio.

Los trabajos vinculados al enfoque de justicia ambiental (ID8, 14), que documentan los conflictos entre proyectos liderados por empresas o instituciones estatales del orden nacional o internacional y los habitantes de los territorios donde estos proyectos se desarrollan, en la medida en que acogen la definición de ‘éxitos de la justicia ambiental’ del Atlas de Justicia Ambiental, según la cual los casos de detención ‘parcial o de forma definitiva’ de estos proyectos equivalen a victorias de la justicia ambiental, podrían considerarse también afines al enfoque de transformación. Sin embargo, estos casos merecerían una consideración particular, dado que el enfoque de transformación implica también el logro de acuerdos que en estos casos no se hacen visibles en los estudios.

Resolución

En lo que podría considerarse otro extremo de esta gama, encontramos algunos estudios que definen el cambio positivo en términos de acuerdos localizados en torno al uso de un recurso en disputa, sin abordar variables estructurales o considerar escalas temporales o espaciales más amplias que aquellas en donde se manifiesta el conflicto, y que tienden a equiparar la resolución de un conflicto con el acatamiento de una norma.

Este es el caso del trabajo Las agendas interinstitucionales ambientales: un instrumento para la resolución de conflictos ambientales (Güiza et al., 2015), que trata conflictos ambientales como conflictos de uso del suelo en zonas colindantes a páramos y considera la suscripción de acuerdos orientados a la disminución de impactos ambientales como el cambio positivo deseado. Hace referencia, por ejemplo, a “lograr el desarrollo de la comunidad local de manera amigable con el ecosistema” (p. 36), sin cuestionar la noción de ‘amigable con el ecosistema’. La construcción de un plan de acción para el Río La Miel (Rosero & Amaya, 2005), que “se centró principalmente en el fortalecimiento de las relaciones entre las comunidades y la empresa” y “estimuló una relación sana con la empresa, que ayudó a tener más confianza” también podría entenderse como un proceso con enfoque de resolución, al menos en el corto plazo que abarca el estudio. Lo mismo podría afirmarse del estudio de los acuerdos entre usuarios del agua en Campo Alegre, Huila (Vélez et al., 2011), y del estudio del comanejo como una forma de prevenir conflictos en áreas protegidas (De Pourcq et al., 2015), que no cuestionan el marco legal o político de la conservación ni se plantean de forma explícita los problemas asociados a los desequilibrios de poder.

Clasificación difícil

La mayor parte de los estudios analizados (incluyendo algunos de los mencionados en las secciones anteriores) no son fácilmente clasificables en un enfoque de resolución o de transformación. Si bien consideran los acuerdos voluntarios entre actores en el nivel local y en el corto plazo como eventos deseables, lo cual podría ser entendido como la aplicación de un enfoque de resolución, entienden estos ejercicios como positivos en la medida en que son precursores de cambios estructurales en otras escalas y en plazos de tiempo más largos.

Este es el caso del análisis de la evolución del manejo alternativo del conflicto en el pacífico vallecaucano (Rodríguez, 2005), que habla del

establecimiento de alianzas estratégicas que permitan agotar el debate por niveles (…). Al interior de estas alianzas es posible agilizar la consecución de acuerdos que fortalezcan a las partes aliadas a fin de presentarse con posiciones comunes en el foro al que asisten la totalidad de actores en conflicto. (p. 197)

Asimismo, en el marco del estudio del PNN Indi-Wasi en el Caquetá (Rosero & Amaya, 2005), luego de décadas construyendo acuerdos (primero dentro de la estructura organizativa indígena, luego con el Instituto de Etnobiología y con instituciones gubernamentales), finalmente se logró un cambio en la política pública sobre la conservación en áreas protegidas.

En Providencia y Santa Catalina, Gorricho y Rivera (2005) documentan cómo se construyeron estrategias para ‘superar las tensiones’ y ‘recuperar la confianza y los canales de comunicación’ entre actores portadores del discurso de la conservación estricta y los modos de vida de comunidades de pescadores alrededor de acuerdos de uso, lo cual podría entenderse como una evaluación positiva del proceso desde la perspectiva de resolución. Sin embargo, los mismos autores consideran que el “cambio más importante” fue “el reconocimiento político que adquirieron la cooperativa de pescadores y la comunidad pesquera”, así como “el incremento de su posicionamiento ante la esfera comunitaria e institucional” (p. 209), lo cual habla de la importancia que se le asigna a enfrentar los desequilibrios de poder con miras a cambios más estructurales. El estudio del PNN Corales del Rosario (Durán, 2009) puede verse de forma similar, en la medida en que, si bien se centra en la construcción de un modelo de gobernanza y el fomento de la participación, sin cuestionar el marco político y legal de la conservación u otras variables estructurales, considera que la reivindicación étnica, la autodeterminación y la transformación de las comunidades locales en actores políticos con mayor poder (que logran que PNN les entregue la concesión turística) representan un cambio positivo clave.

Otro ejemplo de este vínculo entre los enfoques de resolución y transformación es el trabajo de Sanz-Galindo (2015), que, si bien se propone “implicar a los pequeños y medianos empresarios en lograr las metas ambientales nacionales” (p.187), llama la atención sobre las barreras institucionales para lograrlo e identifica como cambio positivo el hecho de que los curtidores se organizaron, aumentando así su visibilidad y poder de negociación en espacios regionales y nacionales, y lideraron el ordenamiento territorial de su municipio, desafiando la distribución convencional del poder.

En otras palabras, incluso desde una perspectiva de resolución, que puede no estar examinando directamente las características estructurales de los conflictos, los cambios inmediatos se consideran favorables en la medida en que pueden generar transformaciones a otras escalas en el mediano y largo plazo. El documento Las zonas de reserva campesina: retos y experiencias significativas en su implementación (FAO y ANT, 2019) que examina las seis zonas de reserva campesina (ZRC) constituidas en el país resulta, útil para ilustrar esta idea. Entre otras experiencias comunitarias que el estudio mencionado considera positivas en términos ambientales, tales como la educación, que ha derivado en la gestión ambiental local, el monitoreo de acuerdos para la conservación, el control social de daños ambientales y la construcción de agendas ambientales dentro de las ZRC, se resalta el resultado de la consulta popular en contra del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en el municipio de Cabrera como “un ejemplo exitoso de resolución de un conflicto socioambiental, liderado por las comunidades campesinas y la institucionalidad pública local, en el legítimo uso de las herramientas de carácter democrático proporcionadas por la Constitución Política de 1991” (p. 333). Este caso menciona el “empoderamiento de la comunidad” y el “desarrollo de un sentido de organización y unidad comunitaria”, así como la articulación entre actores de toda la región de Sumapaz (organizaciones sociales y campesinas, instituciones públicas, academia), que condujeron a la “construcción de propuestas para la acción colectiva en oposición a los proyectos hidroeléctricos en la región Sumapaz" (p.331). Es así como, partiendo de un enfoque de resolución en el nivel local, se logra una “autonomía territorial fundamentada en instituciones sociales” (p. 388), que deriva en un desafío al modelo de desarrollo previsto para este territorio desde instancias del orden nacional.

La investigación-acción participativa liderada por Lyons (2019) en la cuenca del Río Mandur permite también señalar los estrechos lazos entre una perspectiva de resolución, entendida como el logro de consensos localizados en torno al uso de un recurso en disputa y la transformación como el desafío a los desequilibrios de poder y la búsqueda de cambios estructurales. En los términos de la autora, se hablaría entonces de ‘reconciliación profunda’. El foco de este trabajo son los vínculos entre comunidades de las partes alta y baja de la cuenca, y entre estos y el río como un sujeto con agencia. Se afirma aquí que “los procesos de actualización de mecanismos de planeación ofrecen oportunidades para reparar los mundos rurales fragmentados mediante formas interétnicas y populares de ordenamiento territorial que incluyan esfuerzos comunitarios de reconciliación” (p. 219), se resalta reiteradamente la responsabilidad compartida (de las comunidades locales) y se señalan como logros “las conversaciones propositivas entre indígenas y campesinos para empezar a delimitar sus territorios y hablar de las posibles diferencias entre las visiones de ordenamiento” (p. 233). En esta medida, se podría hablar de un enfoque de resolución.

Sin embargo, este estudio, a la vez que se enfoca en la reconciliación en torno al río, desafía cuestiones estructurales. En primer lugar, confronta desequilibrios de poder entre comunidades indígenas y campesinas y aboga por “evitar la reificación de los conocimientos indígenas y el desconocimiento de los saberes campesinos” (p. 219). Además, considera la historia como una variable clave para el cambio:

resulta difícil imaginar las acciones para restaurar, recuperar o reconciliarse con un lugar que ha sido afectado por múltiples factores de violencia sin que exista una comprensión de cómo se organizaba la vida anteriormente para así vislumbrar las complejas reconfiguraciones de los actores que han intervenido en dichos lugares. (p. 234)

En la medida en que se plantea preguntas como “¿cómo puede la reconstrucción de la memoria socioecológica de la guerra conjugar la comprensión y las prácticas con la aspiración de establecer la verdad y hacer realidad la restitución, la reconciliación y la justicia?” (p. 224), es posible entender este estudio como enmarcado en un enfoque de transformación.

Condiciones habilitantes para el cambio positivo

Si bien muy pocos de los estudios seleccionados se preocupan explícitamente por evaluar los cambios en la situación conflictiva con una batería de criterios explícitos -a excepción del trabajo de Correa y Rodríguez (2005) y la tesis de Altamira-Rivera (2018)- y a pesar de la gran diversidad y las limitaciones mencionadas arriba sobre las generalizaciones que se deriven de este ejercicio, son notables algunas variables compartidas por los estudios seleccionados.

Una de las condiciones mencionadas con mayor frecuencia en los artículos considerados importantes para el logro de lo que los autores consideran cambios positivos es el fortalecimiento de arreglos comunitarios, el cual facilita un diálogo significativo con los demás actores involucrados. El estudio de Vélez et al. (2011) es clave en este sentido, pues se centra en desarrollar un análisis de la importancia de las instituciones (reglas) formales e informales como mecanismos de resolución o transformación de conflictos entre los usuarios del canal de riego en Campo Alegre, Huila. Otros ejemplos son el análisis del proceso de creación del PNN Alto Fragua Indi-Wasi (Rosero & Amaya, 2005), que llama la atención sobre cómo las estructuras de organización comunitaria facilitaron el diálogo con el gobierno en torno a la conservación biocultural; el análisis del proceso en torno al proyecto hidroeléctrico en la ZRC de Cabrera (FAO & ANT, 2019), en el cual se considera clave el establecimiento de espacios colectivos de toma de decisiones y de una normatividad comunitaria ambiental para la definición de posiciones unificadas; y la revisión de la evolución del manejo alternativo de conflictos en el Pacífico Vallecaucano, donde se señala la importancia de la formulación de propuestas colectivas de trabajo para avanzar en la construcción de espacios de diálogo entre sectores y grupos étnicos (Rodríguez, 2005).

Otra característica señalada en varios de los documentos como un factor de éxito es el establecimiento de espacios de coordinación y seguimiento a los acuerdos, con la participación de actores en diferentes niveles en los que se logre construir confianza. Por ejemplo, en los acuerdos para el comanejo de áreas protegidas, se consideran fundamentales estos espacios, siempre que se logre una representación amplia de la diversidad, continuidad en el tiempo y garantías del derecho a la participación efectiva (de Pourqc et al., 2015; Durán, 2009; Güiza et al., 2015; Rosero & Amaya, 2005).

La existencia de un marco normativo y de política, que da legitimidad e incluso obliga al diálogo entre actores sociales en torno a asuntos ambientales, es mencionada en gran parte de los estudios de caso como una condición para el cambio positivo. Políticas como Parques con la Gente, que promueve el comanejo de áreas protegidas superpuestas con resguardos indígenas y territorios de comunidades locales (Rosero & Amaya, 2005); normas como la Ley 388 de 1997, que "permitió abrir el espacio para la discusión de diferentes interpretaciones territoriales" (Rodríguez, 2005, p. 194); instrumentos como la consulta popular establecida en la Constitución Política (FAO & ANT, 2019); y en general las herramientas que permiten a diferentes actores reclamar al Estado su derecho a la participación (Altamira-Rivera, 2018; Pérez-Rincón, 2014) son consideradas decisivas para promover la resolución o transformación de conflictos ambientales.

La forma en que se construye y circula el conocimiento también parece ser determinante para el cambio positivo de los conflictos ambientales. El acceso a la información y los conocimientos científico-técnicos por parte de actores locales, no solo a través de su divulgación sino también mediante el fortalecimiento de capacidades para su apropiación por parte de los actores locales de cara a un diálogo horizontal, es señalado como fundamental en varios casos (ID3, 9, 10, 15, 16). En este sentido, el estudio de López-Estupiñán (2019) es fundamental, pues se centra en analizar el papel de diferentes formas de conocimiento en la trayectoria de los conflictos en torno al licenciamiento ambiental en la cuenca alta del Río Chicamocha. En particular, la autora señala la importancia de la apropiación social del conocimiento técnico y de la visibilización de conocimientos propios para fortalecer la acción política, asunto también resaltado en el trabajo de FAO y ANT (2019). En varios estudios de caso, además del de López-Estupiñan (2019), se llama la atención sobre la importancia de reconocer e incluir otras formas de conocimiento no experto como insumo legítimo para los diálogos (ID4, 5, 12, 13, 17). En este sentido, a propósito del conflicto intercultural en torno a la conservación, Rosero y Amaya (2005) señalan que “el conflicto intercultural se ha expresado durante siglos en la primacía de la ‘verdad’ provista por la Ciencia, negando de paso la diversidad e imponiendo sus parámetros” (p. 169). Lyons (2019) explora la investigación-acción participativa sobre la memoria socioecológica de la cuenca del Río Mandur, Putumayo, como una forma de lograr que diferentes conocimientos dialoguen en torno a la ‘reconciliación profunda’. Otra forma de conocimiento cuya apropiación se consideró clave para el cambio positivo fue el conocimiento jurídico (ID11, 18), en la medida en que dio herramientas a los actores involucrados para hacer visibles sus reclamos y defender sus reivindicaciones en el establecimiento de acuerdos. En este contexto son relevantes instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que busca generar condiciones para el goce efectivo del derecho de acceso a la información ambiental, reconociendo su relación con otros derechos tales como el derecho a la participación ambiental.

Otras consideraciones sobre los estudios analizados

Si bien los estudios analizados se refieren a cambios en conflictos ambientales, solo en algunos textos se menciona la dimensión ambiental en los conflictos (e.g., la detención de la frontera agropecuaria en las zonas de reserva campesina, ID15; el papel de la escasez del agua en la dinámica del conflicto en Campo Alegre, Huila, ID7; los impactos ambientales de los conflictos, ID18; o el mantenimiento del paisaje natural en Bogotá, ID6). Es notorio que, a excepción del artículo de Lyons (2019), en ningún caso se indaga directa y sistemáticamente sobre el estado o los cambios en la naturaleza objeto de las disputas, por ejemplo, sobre sus características biofísicas o dinámicas ecológicas, bien sea desde las ciencias naturales o a través de otras formas de conocimiento. Esta autora utiliza herramientas de las ciencias naturales, de la historia ambiental y de otros enfoques interdisciplinarios para ubicar al territorio como un actor en el análisis e integrar el conocimiento sobre sus dinámicas materiales en el estudio del conflicto y en la apuesta por la reconciliación. Es posible afirmar, junto con Lyons (2019) y Dukes (2004), que esta omisión puede deberse a la temporalidad de los cambios ecológicos, los cuales, dada su duración, se consideran difíciles de evaluar en el corto plazo en el que se estudian los eventos sociales. Sin embargo, se trata de un vacío que resulta urgente abordar conceptual y metodológicamente.

En cuanto a la unidad de análisis temporal, ninguna de las fuentes seleccionadas es explícita al respecto. Teniendo en cuenta que los conflictos son, de acuerdo con la perspectiva de transformación, constitutivos de las relaciones sociales, de manera que no ‘se resuelven’ sino que atraviesan por picos y valles que pueden repetirse en el tiempo (Lederach, 2003b, citado por Perilla-Lozano & Vásquez-Cruz, 2019), sería clave conocer la ventana de tiempo en la que se enfocan los estudios de cambio en los conflictos, ya que determinar que un conflicto se transformó o se resolvió depende en gran medida de la posibilidad de analizar su devenir en el largo plazo.

Adicionalmente, ninguno de los artículos analizados es explícito sobre el marco de sentido de quien define el conflicto y de lo que se considera un cambio positivo. En este sentido, es importante tener presente que aquí hacemos generalizaciones sobre procesos que fueron considerados cambios positivos desde la perspectiva de quien hizo el análisis, y no necesariamente de la de los demás actores involucrados en el proceso. Las implicaciones de esta limitación sobre las recomendaciones de política se presentan en la siguiente sección.

CONCLUSIONES

Implicaciones para la teoría de resolución y transformación de conflictos

Definir un cambio positivo en un conflicto ambiental en términos de su resolución o de su transformación implica apuestas diferentes. Mientras el primer enfoque le apunta a considerar positivos los acuerdos en el corto plazo en torno a las disputas que emerjan sobre los recursos naturales, evitando que sean llevadas a los estrados judiciales y desescalando los niveles de violencia; el segundo, vinculado estrechamente con la noción de justicia ambiental, considera que un cambio positivo es aquel que afecta las causas estructurales del conflicto, en particular la distribución del poder entre los actores involucrados, teniendo en cuenta las raíces históricas que contribuyeron a su escalamiento.

Los estudios analizados sugieren que los dos enfoques pueden ser complementarios en términos procesales, incluso sin una apuesta por una política común. Tal como se documentó en la sección anterior, la resolución de un conflicto entre actores en el nivel local se ha considerado un cambio positivo en tanto contribuya a una transformación en las relaciones de poder con actores de los niveles regional o nacional.

Tanto Correa y Rodríguez (2005) como Perilla-Lozano y Vásquez-Cruz (2019) señalan estos vínculos entre los dos enfoques en su propuesta de elementos a tener en cuenta para evaluar los cambios en conflictos ambientales. Perilla-Lozano y Vásquez-Cruz (2019) señalan que “uno u otro camino de abordaje de conflictos no puede ser calificado a priori como válido o no. Posiblemente los matices o combinaciones en su uso serán necesarios o efectivos en un contexto determinado” (p. 25). El análisis aquí presentado contribuye a este desarrollo conceptual y sugiere que los contextos en los que uno u otro enfoque pueden ser considerados efectivos pueden estar relacionados con la escala del fenómeno.

Además, esta revisión de literatura nos permitió identificar cuatro variables que, al ser comunes a los estudios analizados, permiten también poner en cuestión una eventual dicotomía entre los enfoques de resolución y transformación. Diferentes autores, desde marcos analíticos diversos (si bien interconectados), consideran que las siguientes condiciones están correlacionadas con cambios positivos en los conflictos ambientales: el fortalecimiento de arreglos comunitarios, el establecimiento de espacios de seguimiento a los acuerdos, la existencia de un marco normativo que garantice la participación de actores históricamente silenciados y la democratización del conocimiento -entendida no solo como la apropiación social del conocimiento científico-técnico, sino también como la movilización efectiva de los conocimientos locales.

Los vínculos entre los marcos de resolución y transformación de conflictos ambientales que identificamos en esta revisión resuenan con la invitación de van Teijlingen y Dupuits (2021) a pensar más allá de la resistencia (como marco analítico que ha sido privilegiado por la ecología política en América Latina para entender los conflictos ambientales) y a detenerse en otras formas de interacción que pueden conducir a cambios en las correlaciones de poder, tales como la negociación, la colaboración, la construcción de alianzas o la coproducción de conocimientos.

Implicaciones para la política pública

Este análisis ofrece luces y plantea desafíos a la política pública para el diálogo ambiental, en particular para los Centros Regionales de Diálogo Ambiental.

Por una parte, es posible hacer algunas recomendaciones para el funcionamiento de los CRDA, entendidos como instancias de facilitación, articulación, participación, cooperación y reflexión para la identificación, priorización y discusión de conflictos ambientales a nivel regional (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018), en los cuales se promueve el diálogo y se busca facilitar información en torno a los conflictos ambientales.

Esta revisión sugiere que la democratización prevista del conocimiento en los CRDA puede efectivamente contribuir al cambio positivo de los conflictos ambientales. Sin embargo, sería clave incluir en esta línea de trabajo de los CRDA una estrategia sistemática orientada a la articulación efectiva de los problemas y los conocimientos locales en el diálogo en torno a los conflictos, además de las actividades asociadas a la divulgación y apropiación social de los conocimientos científicos. Metodologías como la investigación-acción participativa (Fals-Borda, 2001) o la investigación activista (Vélez-Torres & Vélez 2019) han sido implementadas con esta intención transformativa en el marco de conflictos ambientales.

Teniendo en cuenta los factores facilitadores identificados en nuestro análisis, impulsar cambios positivos de manera efectiva requeriría, además de la democratización y la coproducción de conocimientos, reconocer y fortalecer los liderazgos locales, esquemas de gobernanza e instancias de coordinación ya existentes en el territorio como interlocutores legítimos. Promover la apropiación y el uso de instrumentos legales que garanticen la participación efectiva de diferentes actores sociales en las decisiones sobre el territorio y el medio ambiente también puede ser un factor clave para la misión de los CRDA. En este ámbito, existen experiencias valiosas en el país, tales como los Diplomados de Fortalecimiento de Capacidades para la Construcción de la Paz Territorial, liderados por el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar (Isa Intercolombia, 2020); los Diálogos de Oferta Permanente Institucional liderados por el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (DANE, 2017); y la línea de trabajo en educación de Dejusticia (Dejusticia, 2020).

Finalmente, es importante señalar que, de acuerdo con los resultados de este análisis, la transformación de los conflictos estaría sujeta a las posibilidades de promover cambios a niveles estructurales, por ejemplo, en normas o políticas que perpetúan inequidades en la distribución del poder, en políticas de acceso a los recursos naturales y a la tierra e incluso en la definición misma de bienestar y en las posibilidades de existencia de diversos modelos de vida en los territorios. En este sentido, la incidencia efectiva de los CRDA en la conflictividad ambiental requerirá la convergencia de diferentes sectores del gobierno y una apuesta difícil por el reconocimiento profundo de los interlocutores en tanto actores políticos, expertos en los territorios en disputa.

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