Editorial

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Abstract (es)

El acceso al agua en condiciones de igualdad, equitatividad y sostenibilidad, motivan la reflexión sobre la justicia de los servicios públicos domiciliarios. En la actualidad, estos servicios representan desafíos estructurales y socioterritoriales para Colombia. Inclusive, a pesar de la posición privilegiada en materia hídrica que la caracteriza y el marco normativo consolidado que tiene a partir de la Ley 142 de 1994. En este sentido, la paradoja colombiana radica en que, por un lado, la abundancia no implica necesariamente cobertura o calidad del recurso, y por otro, la presencia de barreras físico-ambientales, regulatorias, institucionales y de gobernanza que complejizan la realidad actual. 

En este contexto, la comprensión de la naturaleza conlleva examinar de forma articulada tres dimensiones fundamentales: 

a) Dimensión técnico-tarifaria: La tarifa en materia hídrica en los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y limpia han procurado balancear los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera y solidaridad mediante subsidios cruzados. No obstante, la operación del sistema evidencia tensiones entre los costos reales del servicio y la capacidad efectiva de pago de los hogares vulnerables.

b) Dimensión normativa-institucional: Las asimetrías de acesibilidad al agua potable no se explican sólo por déficit de infraestructura, sino por la falta de correspondencia entre los marco regulatorios a nivel nacional y las realidades técnico-administrativas de las entidades locales.

c) Dimensión de fallas de gobernanza: El proceso institucional conlleva cuellos de botella administrativos y fiscales que invisibilizan las formas comunitarias de gestión del agua. 

Con base en lo anterior, en este número temático, Tecnogestión: Una mirada al Ambiente, comparte colaboraciones de investigación centradas en la necesidad de transitar hacia un modelo integral de gestión pública del agua y los servicios domiciliarios en Colombia. El abordaje realizado pretende superar los enfoques estrictamente centralizados, para avanzar hacia un esquema de multinivel de gobernanza descentralizada y flexible, capaz de reconocer las peculiaridades territoriales, integrar saberes comunitarios y determinar esquemas tarifarios socialmente sostenibles.