Análisis socio-ecológico de una iniciativa de restauración liderada por autoridades ambientales en Santander, Colombia

INTRODUCCIÓN

Ante un fenómeno de cambio global hacia la sostenibilidad, el desarrollo mundial actual vincula la dimensión ambiental y social (Jiménez, 2002). La problemática ecológica es posiblemente el mayor reto para la ciencia contemporánea, porque además de buscar enfoques que ofrezcan información confiable y completa, representa una amenaza para la humanidad (Toledo, Alarcón y Barón, 2002). En el pasado, los sistemas ecológicos y sociales eran objeto de análisis independiente; sin embargo, de acuerdo con Redman, Grove y Kuby (2004), su estudio aislado ya no es defendible pues las sociedades y su desarrollo influyen en la mayoría de sistemas ecológicos del planeta y esta condición a su vez retorna afectando los patrones de desarrollo (Meadows, Randers y Meadows, 2004). La socio-ecología surge de la articulación entre los aspectos sociales y ecológicos (Redman et al., 2004; Meadows et al., 2004), en esta las sociedades se consideran parte de los sistemas ecológicos de los que dependen y a los que aportan su experiencia (Von Glasersfeld, 1984; Jones, 2002). Estas son fundamentales en actividades como la restauración ecológica que es intencional y se adelanta para iniciar o acelerar la recuperación de un ecosistema, como una iniciativa que fomenta la recuperación sostenible, retornándolo (de ser posible) al estado previo a la alteración o a alguna de sus trayectorias sucesionales (SER, 2004; Clewell y Aronson, 2005).

El origen y consolidación de la restauración incluye un componente ecológico y uno social. Aun así, a lo largo de la historia se ha dado prioridad al ecológico y el social, de considerarse, solo se incluye cuando los proyectos se encuentran en ejecución, haciendo caso omiso a la percepción de las comunidades y poniendo en riesgo la continuidad de los procesos (Meadows et. al., 2004; Redman et.al., 2004; Zorrilla, 2007). La articulación de los aspectos sociales y ecológicos es indispensable para el desarrollo de proyectos de restauración y constituye el punto de partida para la generación de herramientas útiles en la formulación de nuevas estrategias y fortalecimiento de las existentes. En la mayoría de los casos, la restauración desarrolla muy bien sus aspectos técnicos, pero carece de evaluación social y lineamientos para apoyar las necesidades humanas (Balvanera et al., 2012); así, la gestión de iniciativas de restauración se convierte en la presentación de ambiciosas cifras para dar cumplimiento a metas regionales, nacionales o mundiales (Meli et al., 2016) y se realiza a partir de conceptos meramente ecológicos, dejando de lado la parte social que es necesaria en la construcción de procesos integrales para beneficio de los ecosistemas y las comunidades. De tal modo, esta investigación se plantea como necesaria para conocer el impacto real que generan los proyectos de restauración en los ecosistemas y las comunidades e identificar los aspectos técnicos, sociales, políticos, culturales y económicos que deben fortalecerse y mejorarse para asegurar el desarrollo y éxito de los procesos.

En Colombia, la Política Nacional para la Gestión de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE) hace un reconocimiento de la biodiversidad como la base del bienestar y calidad de vida de los seres humanos. En este sentido, aunque no con la suficiente planificación y visión interdisciplinaria ecológica y social, el mayor impulsor de la restauración ha sido el Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mads) como gestor, financiador y ejecutor de proyectos en predios privados y públicos (Murcia y Guariguata, 2014), que en alianza con entidades como las corporaciones autónomas regionales (CAR) con frecuencia se vinculan al cumplimiento de metas de programas establecidos en los planes nacionales de desarrollo, contribuyendo a los desafíos mundiales trazados a la luz de la restauración ecológica (Murcia et al., 2016).

El estudio contempló la realización de un análisis socio-ecológico al proyecto de restauración liderado por autoridades ambientales (Mads y Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-), enmarcado en la meta nacional de restauración y establecido en Santander, Colombia. Incluyó la integración y evaluación de aspectos sociales y ecológicos relevantes del proyecto y se planteó para identificar los aspectos positivos y los que deben mejorarse como instrumentos claves para la gestión de nuevas iniciativas en la región, de acuerdo con los intereses de las instituciones gubernamentales, académicas y las comunidades.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

El proyecto de restauración se desarrolló en los municipios de Encino, Coromoro y Gámbita (Santander), localizados en el corredor de conservación Guantiva-La Rusia-Iguaque (figura 1), ubicado en la vertiente occidental de la cordillera Oriental, delimitado por la vertiente occidental del río Chicamocha, la oriental del río Suárez y ocupado por ecosistemas de bosques secos, subandinos, andinos, altoandinos y páramos (Sáenz-Jiménez, 2010).

Figura 1: Localización de predios en los que se desarrolló el proyecto.

La estrategia de restauración liderada por autoridades ambientales es una iniciativa nacional que tiene por objetivo el inicio de procesos de restauración a través de actividades de rehabilitación y recuperación con plantación de árboles y arbustos y construcción de aislamientos (MADS y CAS, 2012).

Se intervinieron 2845 ha: 2732 ha (96%) en restauración espontánea y 113 ha (4%) en restauración asistida, ubicadas en 30 predios privados (1148 ha) y 2 públicos (1697 ha). En algunos casos, varias unidades prediales pertenecen a un mismo propietario, por lo que al contabilizar el total de propietarios asciende a 19. La restauración espontánea se desarrolló en áreas desprovistas de vegetación, con rastrojos bajos, medios y bosques aparentemente conservados; se establecieron cercas para favorecer la formación de cobertura vegetal y sucesión natural controlando agentes tensionantes como el sobrepastoreo, ramoneo y la cacería. Para reemplazar a futuro los postes deteriorados, en el perímetro de las cercas se plantaron 6 especies nativas y 4 introducidas. La restauración asistida se implementó en potreros, áreas desprovistas de vegetación o claros de bosque, con plantación de individuos vegetales de 16 especies nativas y 5 introducidas. La densidad fue de 800 plantas por hectárea distribuidas al azar (MADS y CAS, 2012).

Métodos

La investigación se desarrolló en tres etapas. En la primera se identificaron los criterios para la realización del análisis (anexo 1), siendo estos categorías amplias que permiten agrupar y organizar procesos similares o relacionados y posibilitan evaluar la efectividad de los proyectos en diferentes contextos, en un tiempo y espacio determinados (Basterra y Hess, 2004). Se consideran en conjunto para que en el tiempo reflejen la imagen completa del estado de un proyecto o su tendencia a la sostenibilidad (Wijewardana, Caswell y Palmberg-Lerche, 1997).

Para identificar los criterios, inicialmente se revisaron los 12 principios del enfoque ecosistémico (SCDB, 2004) y los atributos para determinar el logro de la restauración propuestos por la SER (2004); se tomaron los aplicables en una primera propuesta. Posteriormente, se revisaron recomendaciones para el desarrollo de proyectos de restauración hechas por Clewell y Aronson (2005), Vargas (2007), Zorrilla (2007), Orsi y Geneletti (2010) y Ribeiro-Pinto (2014) y se incluyeron las necesidades de las comunidades locales según lo propuesto por Max Neef, Elizalde y Hopenhayn (1998), Clewell y Aronson (2005), González, Montes, Rodríguez y Tapia (2008) y Orsi y Geneletti (2010).

La segunda etapa incluyó la caracterización y evaluación social con enfoque metodológico cualitativo. Esta se hizo a través de herramientas de desarrollo participativo (Geilfus, 1997) con la aplicación de entrevistas semiestructuradas y posterior análisis de datos de una muestra representativa que incluyó actores nacionales, regionales y locales (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruíz, 2013) y que fueron construidas a partir de los criterios socio-ecológicos identificados en la primera etapa.

Se realizaron 31 entrevistas semiestructuradas, 4 a profesionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, 9 a personal vinculado a la Gobernación de Santander, CAS, Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce, alcaldías municipales de Encino y Gámbita y 18 a los participantes comunitarios. Los actores nacionales fueron los encargados de la supervisión y apoyo para el fortalecimiento de capacidades del proyecto. Los regionales vinculados a la Secretaría de Agricultura Departamental encargados del seguimiento técnico por parte de la corporación, director del área protegida intervenida con restauración espontánea, alcaldes y funcionarios de apoyo de los municipios; y en locales, los participantes comunitarios de la iniciativa de restauración.

Las entrevistas a participantes comunitarios se realizaron en dos momentos y con diferentes instrumentos de recolección de información. El primero utilizando un formato guía similar al usado con los actores nacionales y regionales, y el segundo a través de conversaciones dirigidas por cinco preguntas orientadoras con las que se identificó información imperceptible en las primeras entrevistas. El formato guía de las entrevistas iniciales incluyó preguntas por cada uno de los criterios para todos los actores. Las preguntas en las conversaciones dirigidas con participantes comunitarios fueron: ¿cómo le ha parecido el proyecto?, ¿en la zona han existido iniciativas similares?, ¿ha tenido algún inconveniente?, ¿qué recomendaciones haría para mejorar?, ¿considera que el proyecto ha servido?

Con la información obtenida se hizo la evaluación a partir de la construcción de lineamientos para cuantificar las percepciones de los actores por criterio (tabla 1). Para cada criterio se evaluaron tres o cuatro lineamientos, estableciendo la relación porcentual entre el número de actores por percepción con respecto al número total de entrevistas por tipo de actor.

Tabla 1: Criterios y lineamientos para cuantificación de las percepciones.

En la tercera etapa se realizó un análisis multicriterio, considerado como una herramienta para la toma de decisiones en la que se pueden incluir varios criterios relacionados con aspectos cualitativos o cuantitativos y de forma multidimensional (Munda, 1993; Mendoza et al., 1999). Se analizaron los datos sociales a partir del enfoque de principios y criterios (Mendoza et al., 1999), en este caso socio-ecológicos. Los criterios identificados fueron evaluados con la caracterización y cuantificación de los lineamientos por cada actor y los resultados incorporados siguiendo el modelo de matriz distributiva multicriterio planteada por Vargas-Isaza (2005). Para la estimación del valor de cada uno de los criterios se calculó el promedio generado de las percepciones por tipo de actor (tabla 2), posteriormente se estableció el promedio de las valoraciones de los actores en la matriz distributiva multicriterio (tabla 3). Del análisis multicriterio se obtuvo la valoración por criterio para cada actor y una valoración general del proyecto de restauración. Se estableció una escala de valoración relacionada con 5 categorías variables entre 0 y 100, así: deficiente (D): 0-19.9; insuficiente (I): 20-39.9; regular (R): 40-59.9; bueno (B): 60-79.9 y muy bueno (MB): 80-100.

Tabla 2: Evaluación de criterios socio-ecológicos según percepciones por tipo de actor.

Tabla 3: Matriz distributiva multicriterio

RESULTADOS

En el anexo 2 se incluyen las percepciones de los actores nacionales, regionales y locales, según los criterios identificados, lineamientos construidos y el papel que cada uno desempeñó en el proyecto. En la tabla 2 se presenta la evaluación de los criterios de acuerdo a las percepciones por tipo de actor según la escala de valoración definida que permite identificar los aspectos relevantes para cada actor desde el papel desempeñado en el proyecto. El criterio relacionado con la vinculación obtiene la mejor valoración porque los tres tipos de actores coinciden en afirmar que hubo posibilidad de formar parte de la ejecución del proyecto; en contraste, 6 de los 13 criterios definidos fueron valorados como buenos, lo que refleja un manejo adecuado de algunos aspectos socio-ecológicos y a diferencia de los anteriores, los restantes seis criterios fueron valorados como regulares, mostrando que hay aspectos fundamentales en el ejercicio de restauración que deben ser mejorados o fortalecidos para asegurar el éxito de los procesos.

En el análisis multicriterio la evaluación de percepciones de los criterios socio-ecológicos (tabla 3) indica que los mejores valorados fueron la vinculación de diferentes actores con 81, categorizado como muy bueno (MB) y la prioridad en la recuperación de la estructura, funcionamiento y servicios ecosistémicos con 79 puntos, categorizado como bueno (B). En contraste, la claridad conceptual y metodológica utilizada en el proyecto, el aporte de trabajo voluntario y el número de especies autóctonas o en peligro de extinción usadas para restauración reflejan la valoración más baja con 50 puntos para los 2 primeros y 49 para el tercero, categorizada como regular (R).

La valoración del proyecto al evaluar los criterios socio-ecológicos definidos asciende a 63 puntos y se categoriza como bueno (B), indicando que la iniciativa de restauración tuvo en cuenta y aplicó algunos aspectos fundamentales.

DISCUSIÓN

A nivel social, la vinculación de diversos actores (dueños de tierra, Estado y comunidades) fue el aspecto más destacado. La integración del Mads, IAvH, CAS, Santuario de fauna y flora Guanentá alto río Fonce, las alcaldías municipales, juntas de acueductos veredales, dueños y trabajadores de predios, niños que fueron capacitados y, de manera especial, mujeres que en algunos casos trabajaron en construcción de cercas y plantación de árboles, se convirtió en un aspecto crucial que posibilitó el empoderamiento y despertó interés por parte de quienes inicialmente no integraron el proyecto. Esta situación puede ser previsible (SCDB, 2004; Vargas, 2007).

En el análisis realizado al proyecto se enfatizó la importancia del género, resaltando el papel de la mujer al participar en actividades que generalmente son atribuidas a los hombres, además de las actividades domésticas que con frecuencia son menos valoradas socialmente al ser adoptadas como una relación de subordinación dentro de la comunidad (Rohlfs et al.,2000; CEPAL, 2006; Schkolnik, 2010). Se destaca que las acciones ejecutadas en el proyecto por las comunidades locales sirvieron como motivación para vincular a otros actores interesados en la restauración que no lo habían hecho antes porque habían perdido la credibilidad en las entidades estatales y en procesos que no han tenido continuidad en la región. A su vez, estas acciones también ofrecen oportunidades de empleo en labores diversas y generaron satisfacción al realizar un aporte a la conservación y restauración de ecosistemas que proveen múltiples servicios ambientales (De Young,1986; Miles, Sullivan y Kuo, 1998).

La intención común de cambiar los patrones que pueden influir en el deterioro fue un criterio relevante del proyecto. Se reconoció que las prácticas tradicionales generan daños irreversibles en los ecosistemas y amenazan la disponibilidad del recurso hídrico, uno de los aspectos que produce mayor preocupación a los actores locales pues reconocen la gradual disminución de caudales que tradicionalmente usaban en labores agropecuarias y domésticas. Para contrarrestar los daños, es fundamental buscar alternativas como la educación (Nilsson y Aradóttir, 2013) y el desarrollo de estrategias que faciliten el aprovechamiento sostenible acorde con el Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015).

La contribución al mejoramiento de la calidad de vida es otro de los criterios que tiene buena percepción de los actores, al reconocer que el proyecto fue una oportunidad de empleo y que hubo mejoramiento de los predios y ecosistemas para la provisión de servicios ambientales que benefician a las comunidades, coincidiendo con las apreciaciones de Mace, Norris y Fitter (2012), MADS (2015) y Alexander, Aronson, Whaley, y Lamb (2016). En el caso del proyecto, las comunidades reconocen que puede ser una alternativa y oportunidad para acceder al esquema de pago por servicios ecosistémicos, fortalecer las intenciones de mejorar y recuperar los ecosistemas y contribuir en la subsistencia, educación, participación e identidad de las comunidades; esto ratifica lo planteado por De Young (1986), Max Neef et al. (1998) y Wunder (2015). En este contexto Kolinjivadi y Sunderland, (2012) y Rodríguez y Merino (2016) han coincidido en señalar que las oportunidades para mejorar la subsistencia y diversificar las actividades productivas de las familias garantiza la sostenibilidad de los procesos y hogares a futuro. El mejoramiento de las condiciones de los actores locales también es una oportunidad para que las iniciativas de restauración trasciendan más allá del cumplimiento de metas y se conviertan en procesos liderados por las comunidades y escenarios para la investigación.

Otro criterio que contó con buena percepción fue el costo de uso del suelo, ya que los propietarios de predios consideraron que al desarrollar el proyecto hubo una valorización comercial y ambiental por las mejoras realizadas y el aporte a la conservación y recuperación de áreas estratégicas; contrario a lo señalado por Orsi y Geneletti (2010), manifestaron que al vincular áreas dedicadas a la conservación no dejaron de recibir recursos económicos. Es posible que la percepción de los actores esté ligada a la existencia de áreas alternas de explotación agropecuaria que facilitan el uso de otras áreas para el proyecto sin alterar sus principales actividades económicas, como también lo han expuesto Kelvin et al. (2014) en un estudio realizado para restaurar humedales en el Reino Unido.

La valoración más baja fue para el aporte de trabajo voluntario, el cual estuvo marcado por las diferencias en las percepciones de los actores. Los nacionales y regionales consideraron responsables a las comunidades, mientras que los locales están dispuestos a aportar su trabajo, siempre que haya financiación para dar continuidad a los proyectos pues dependen de estos recursos económicos para su subsistencia y al dedicarse solo a trabajar para mantener las iniciativas de restauración sin ninguna retribución económica se vería afectado el sustento mínimo para sus familias. En este caso deberían fomentarse los incentivos, la reducción de impuestos y pagos por servicios ecosistémicos diseñados para compensar comunidades comprometidas con la conservación como también lo han sugerido Jack, Kousky y Sims (2008) y Farley et al. (2010). Con respecto a la claridad conceptual y metodológica utilizada en el proyecto, a pesar de que hubo fluidez en los conceptos, como lo recomiendan Miles, Sullivan y Kuo (1998) y Clewell y Aronson (2005; 2007), es importante reforzar las actividades de capacitación y transmitir mensajes claros a las comunidades para evitar malos entendidos y facilitar la vinculación de más personas a las iniciativas de restauración.

La incorporación de prácticas de conservación, uso y aprovechamiento de ecosistemas buscando el equilibrio debe iniciar con actividades educativas que incentiven la utilización de experiencias encaminadas a la conservación, el uso sostenible y luego con el desarrollo de proyectos que ofrezcan alternativas productivas para las comunidades; que como lo afirma el World Bank (2010) dependen de los recursos naturales renovables y del capital natural para sus necesidades básicas y supervivencia. También es importante proyectar acciones y generar posibilidades para apoyar el uso sostenible articulado a procesos de restauración que fortalezcan una estrategia integral (Alexander et al., 2016).

Con respecto a la participación en la gestión de la restauración e intercambio de saberes, aunque se reconoció la importancia de las comunidades en la gestión y hubo intercambio de conocimientos, estas solo se vincularon en la ejecución del proyecto, pero no en su formulación, lo que generó un vacío al no tener en cuenta sus necesidades e intereses particulares, como también lo ha citado Bullock, Aronson, Newton, Pywell y Rey-Benayas (2011). En el análisis realizado llama la atención que el criterio mejor valorado fue la vinculación de diversos actores, pero esto sucedió cuando el proyecto se encontraba en ejecución porque en la formulación solamente participaron las autoridades ambientales, las cuales lo enfocaron de acuerdo a sus criterios y no según las necesidades de los ecosistemas e intereses de las comunidades que ocupan los territorios. Al tener en cuenta estos actores desde la formulación, se habría avanzado con mayor celeridad en la identificación de áreas que revisten importancia en términos de conservación y recuperación de ecosistemas, especies que existieron, han reducido sus poblaciones e interesa recuperar, zonas de recarga hídrica de interés común, principales agentes tensionantes, riesgos a los que está expuesto el proyecto y, en general, se habrían conocido los intereses y necesidades prioritarias de las comunidades.

La prioridad en la recuperación de la estructura, funcionamiento y servicios ecosistémicos fue un criterio bien valorado porque existe un interés particular en la recuperación de áreas boscosas que en otrora conservaban características para el hábitat de la fauna, provisión de productos forestales maderables y no maderables y zonas de recarga hídrica que mantienen constantemente el flujo de agua para uso doméstico y agropecuario. Esto ratifica la fuerte relación existente entre los servicios ecosistémicos y la restauración también sugerida por Alexander et al. (2016) que, aunque en ocasiones muestra resultados solo a mediano o largo plazo, garantiza mayor productividad en los ecosistemas restaurados que en los degradados (Mills et al., 2015) y favorece la recuperación de servicios ecosistémicos como el agua, fijación de CO2, suelo, biodiversidad, control de erosión y a su vez contribuye en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores a largo plazo (Vargas, 2011; Cabrera y Ramírez, 2014).

El criterio referente a los mecanismos de monitoreo para evaluar el proceso fue otro categorizado como bueno (B), porque los actores evidenciaron que en el proyecto se establecieron parcelas permanentes y se llevó el registro periódico anual de variables dendrométricas, de sanidad y supervivencia; esto se ratifica en el hecho de que ocurrió un incendio que afectó 53 hectáreas de las 113 implementadas en restauración asistida y 8 de las 2732 en restauración espontánea y se establecieron 3 nuevas parcelas para evaluar la recuperación del área afectada e incremento de la cobertura vegetal. Sin embargo, se destaca que en el programa de monitoreo no se vinculó a la academia, pues no hay certeza de su continuidad al culminar el convenio MADS-CAS. Llama la atención que los actores nacionales delegan la responsabilidad en los regionales y locales, cuando deberían inculcar la investigación continua como lo sugieren Mills et al. (2015), utilizar aciertos y desaciertos para la gestión de nuevas iniciativas y no manejar la restauración como una receta.

Los criterios evaluados como regulares fueron el control de amenazas potenciales al ecosistema y la aplicación adecuada y clara de escalas temporales y espaciales en el proyecto. El primero porque pese a construir aislamientos para controlar las tensiones, el ganado sigue ingresando a los predios en proceso de restauración; los vecinos no ejercen control y con frecuencia ejecutan prácticas insostenibles poniendo en riesgo la integridad y progresiva recuperación del ecosistema como también lo han citado SER (2004), Vargas (2007) y González et al. (2008). Esto lleva a concluir que además de las actividades físicas, es fundamental crear empoderamiento y gobernanza de las comunidades para que los proyectos no permanezcan únicamente mientras hay aportes estatales y, por el contrario, perduren en el tiempo cumpliendo con la función para la que han sido formulados e implementados. El empoderamiento y la gobernanza de acuerdo a Nilsson y Aradóttir (2013) no pueden estar apartados de un proceso fuerte de educación ambiental en el cual se vinculen todos los integrantes de las comunidades.

Respecto a la aplicación adecuada de escalas temporales y espaciales, aunque las áreas fueron apropiadas según la necesidad de restauración, en el desarrollo de estas iniciativas es importante realizar un diagnóstico a escala de paisaje para identificar los fragmentos boscosos existentes y diseñar herramientas que favorezcan la conectividad. De igual manera, es necesario incluir otras áreas y establecer un plan de restauración en el que se proyecten los momentos claves para el mantenimiento y seguimiento, así como un mecanismo de control que evite el retraso de los procesos de restauración, teniendo en cuenta que las escalas temporales y espaciales deben definirse ecológicamente de acuerdo a la capacidad de recuperación del ecosistema, factores ecológicos, sociales y económicos, en áreas con necesidad de restauración, en periodos de mínimo cinco años y con monitoreo constante según Callicott (2002), Vargas (2007) y el MADS (2015) en el Plan Nacional de Restauración.

El criterio “número de especies autóctonas o en peligro de extinción usadas para restauración” tuvo la menor valoración debido a que la utilización de especies fue de acuerdo a la disponibilidad de material vegetal en viveros de la región y no como lo señalan Romero-Mejía (2005) y Vargas, Díaz-Triana, Reyes-Bejarano y Gómez-Ruíz (2012) a partir de estudios en los que se identifiquen sus rasgos de historia de vida, morfología, adaptación a las condiciones microambientales, utilidad para restaurar, preferencia por parte de las comunidades y presencia en las trayectorias sucesionales o ecosistema de referencia. Tampoco se tuvo en cuenta la utilización de especies de maderas finas que han reducido sus poblaciones o ya no existen, estas fueron sugeridas por los participantes de la iniciativa de restauración y pudieron producirse en viveros con una adecuada fase de propagación y según las necesidades del proyecto y de las comunidades.

Uno de los aspectos cruciales en procesos de restauración es el número de especies autóctonas o en peligro de extinción usadas. No obstante, para el proyecto fue de tan solo 16 especies nativas y 5 introducidas, contrario a la experiencia de restauración comunitaria desarrollada por Avella, Camacho y Torres (2016) para ecosistemas ubicados en la cuenca del río Guacha en Encino (Santander) perteneciente a la misma región en que se desarrolló el proyecto analizado, en la que se utilizaron más de 50 especies nativas. Esto sucedió porque al momento de la selección hubo necesidad de adaptarse a la disponibilidad de los viveros de la región, comprometiendo el éxito del proceso de restauración al no tener en cuenta las especies presentes en las trayectorias sucesionales y las que según sus atributos fueran útiles en los sitios a restaurar.

Con el análisis realizado, como generalidades cabe señalar que Colombia, al igual que otros países, está vinculada a los desafíos internacionales y para 2018 debe tener 300 000 ha en proceso de restauración (DNP, 2014). Pero llama la atención que aún con estas ambiciosas metas no hay una definición clara de financiación ni fortalecimiento de la gobernanza local que asegure su permanencia en el tiempo y el cumplimiento de los objetivos de recuperación de ecosistemas. Por ejemplo, el proyecto estudiado se enmarcó en la meta nacional de 2014, como parte de la estrategia del gobierno para cumplir los compromisos del país a nivel mundial; pero, una vez realizado el análisis, se constata lo señalado por Balvanera et al. (2012) y Meli et al. (2016) para Latinoamérica con respecto a que la restauración ha surgido para mejorar los ecosistemas y el desarrollo socioeconómico, con una adecuada implementación de sus aspectos técnicos, pero con falencias en la evaluación y generación de opciones para satisfacer las necesidades humanas. Aunque en el caso del proyecto de restauración ecológica en Santander incluso algunos aspectos técnicos deben mejorarse para evitar que se sume al grupo de iniciativas que en Colombia contribuyen al cumplimiento de metas que con el pasar del tiempo no son sostenibles sin la debida financiación estatal.

Como herramienta para mejorar la gestión de iniciativas de restauración ecológica en la región, cada nuevo proyecto debe mantener la claridad en los aspectos técnicos. Del mismo modo, a las comunidades, instituciones gubernamentales y académicas les corresponde contribuir y fortalecer la definición de los objetivos, la ubicación de áreas, el diseño, establecimiento, mantenimiento y monitoreo de las estrategias de restauración para asegurar el desarrollo y éxito de los procesos y convertirlos en una oportunidad de empleo, gobernanza y empoderamiento que ayude a mejorar el territorio y la calidad de vida no solo con trabajos temporales, sino a través de alternativas que permitan el manejo, uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos.

CONCLUSIONES

El análisis socio-ecológico permitió a través de los criterios definidos evaluar como buena (63/100) la iniciativa de restauración e identificar que, a pesar de la valoración, se deben mejorar diversos aspectos para fortalecerla y asegurar su apropiación por parte de las comunidades como un mecanismo de gobernanza local y empoderamiento.

La evaluación de la iniciativa refleja la importancia de incluir aspectos técnicos, ecológicos y sociales, y del mismo modo, desarrollar acciones entre diferentes actores para la formulación, implementación y monitoreo de la restauración como una estrategia para que los proyectos regionales contribuyan a los compromisos que tiene el país con diferentes desafíos internacionales. Lo anterior para evitar que se conviertan en acciones mecánicas con las que se cubren áreas considerables solamente para cumplir metas; sin importar la gobernanza local a través de procesos perdurables.

La gestión de nuevas iniciativas de restauración ecológica en la región debe estar fundamentada en aspectos técnicos y sociales claros en los que las comunidades, instituciones gubernamentales y académicas y demás actores que interactúan en el territorio sean parte fundamental y contribuyan en la definición de los objetivos, ubicación de áreas, diseño, establecimiento, mantenimiento y monitoreo de estrategias para garantizar el fortalecimiento de los procesos y asegurar su éxito.