EDITORIAL

Editorial

Desde que se escuchó por primera vez de un nuevo proceso de paz con las FARC, la reacción en el general de la nación no ha sido otra que la de -un optimismo cauteloso- enmarcado por aquel proceso de paz del Caguan el cual termino en un rotundo fracaso político tanto del gobierno de Andrés Pastrana en aquel entonces presidente (1998-2002) y en la muerte política de las FARC, las cuales a partir de este momento comenzaron su pérdida de credibilidad, tanto en la sociedad civil colombiana, como en la comunidad internacional.

Esto influye en el actual proceso de paz dado que el desconcierto que se alcanzó luego de aquel proceso fallido, llevo a que la gente optara por una opción más dura contra el grupo guerrillero, llegando así Álvaro Uribe (2002-2010) con su política de “mano dura” a ocupar la casa de Nariño, tomando las armas, no dando tregua y con una política totalmente beligerante. Esto se vio reflejado en políticas de estado como por ejemplo con la política de seguridad democrática, la cual fue la abanderada del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez; fue así que por mucho tiempo nunca se contempló un proceso de paz. Sin embargo durante la administración Santos (2010-actual) se abrió una ventana para un nuevo dialogo de paz con las FARC y con ella una nueva esperanza para la resolución del conflicto armado colombiano. No obstante, la credibilidad en el proceso de paz estaba en duda y un amplio sector de la sociedad civil Colombia no ha logrado convencerse, de que este proceso llegara a buen término, bien sea por las experiencias pasadas o bien sea por la actual bipolaridad política que enfrenta ahora mismo al país, el cual se debate entre el presidente Santos, y el expresidente Uribe. El primero cuyo principal emblema de su mandato y su principal arma para pasar a la historia que ha sido este proceso de paz.

El presidente Juan Manuel Santos recorrido medio mundo buscando el apoyo que no encontró del todo aquí en Colombia, esto debido a la segunda facción de la política colombiana la cual defiende la política de seguridad democrática que instauro el expresidente Uribe, y la defienden a su extremo argumentando que el proceso de paz con las FARC tiene unas condiciones que no son viables y que la impunidad prevalecerá. Por otra parte están las cuadrillas gobiernistas que defienden el proceso a toda costa, quizás buscando sus propias menciones en la historia. En cualquiera de estos dos casos, se utiliza el proceso de paz para buscar sus objetivos políticos, y ahí el riesgo de que; para que se consiga la paz en cualquier nación se tienen que hacer sacrificios, hay es que revisar hasta donde se puede sacrificar, y en Colombia se verá esto en el tratamiento de las víctimas del conflicto.

Así pues cuando se entra a negociar la paz es casi un hecho que los actores beligerantes en este caso las FARC, no vayan a ser juzgados ni mucho menos como criminales corrientes, pues de lo contrario estos tampoco estarían dispuestos a una tregua y una renuncia a “su lucha armada”. Ahí es donde entra a disputarse que es lo más conveniente para una sociedad en su conjunto, y que tan viable pueden ser los sacrificios que esta tenga que hacer para conseguir la paz, y no los sacrificios políticos del presidente Santos o del expresidente Uribe, o de los sacrificios monetarios y políticos de los líderes de las FARC, las cuales están muertas políticamente desde el ya mencionado proceso de paz del Caguan.

Son las víctimas de los conflictos las que realmente pagan el precio para que toda la sociedad, los líderes políticos, y los actores armados consiga la paz, estas víctimas que sufrieron el conflicto en carne propia son las que no deben de dejarse de lado a la hora de una negociación y su participación debe ser activa y primordial para que se logren los acuerdos más justo posibles

La sociedad civil de un país en su conjunto es la que paga por un conflicto armado. Mas las víctimas directas del conflicto son las que lo padecen con verdadero dolor, ya que fueron estas las que soportaron el flagelo mental y físico y a esto le sumamos que son especialmente niños y mujeres, los cuales son los que siempre llevan la peor parte en este tipo de conflictos, y son los que a la larga terminan pagando sin recibir ni justicia, ni una verdadera reparación, y aunque el daño ya está hecho, la impunidad que puede generarse detrás de un proceso puede ser muy dolorosa. Por eso a la hora de terminar el conflicto y negociar lo que se da y no se da, primero se debe prestar especial atención a las víctimas del mismo, para así tratar de encontrar un equilibrio entre la muy necesaria paz para no continuar reproduciendo víctimas y dolores futuros, pero sin olvidarse de los que ahora son víctimas y dolores, y pagaron con su sangre, con su dignidad, con sus hijos, hermanos y padres. Encontrar ese equilibro es el mayor reto tanto del gobierno Santos y de la Guerrilla de las FARC en este proceso de la historia.

Este equilibro dependerá de que no solo entren al ruedo de negociación la posición política de las FARC, las prebendas a sus cabecillas y la posición histórica de los actores políticos de la legalidad como lo son el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez; sino que se tiene que mirar hacia la sociedad civil, y sus víctimas las cuales son el reflejo de todo el dolor pagado por una nación después de décadas de violencia.