Arias Gómez, D. H., Díaz Flórez, O. C., Garzón Barragán, I., León Palencia, A. C., Rodríguez Ávila, S. P. y Valbuena Ussa, E. O. (2018). Entre las exigencias de calidad y las condiciones de desigualdad: formación inicial de profesores en Colombia. Bogotá:

La formación de profesores para la educación básica y media en Colombia ha estado a cargo, principalmente, de las facultades de educación de universidades estatales y privadas, y de las escuelas normales superiores. Al respecto, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en el artículo 116 establece que:

Para ejercer la docencia en el servicio educativo estatal se requiere título de licenciado en educación o de posgrado en educación, expedido por una universidad o por una institución de educación superior nacional o extranjera, o el título de normalista superior expedido por las normales reestructuradas, expresamente autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Los programas curriculares ofrecidos, a su vez, están estructurados para responder a las áreas y ciclos de formación establecidos por la Ley General de Educación, para la educación básica y media.

Tal como lo sugieren los autores del libro Entre las Exigencias de Calidad y las Condiciones de Desigualdad: Formación Inicial de Profesores en Colombia, objeto de esta reseña, desde la década de los años 90 estos programas de formación han respondido a las “orientaciones de las políticas en torno a la calidad de la educación y al papel que se le atribuye a los educadores y a su formación en el logro de las visiones de calidad” promovidas por “los organismos multilaterales y por las instancias nacionales de la política oficial” (Arias, Díaz, Garzón, León, Rodríguez, & Valbuena, 2018, p. 29).

Este libro, resultado de una investigación auspiciada y financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y por el Ministerio de Educación Nacional, entidades que invitaron mediante convocatoria abierta a la comunidad académica “a presentar propuestas que contribuyeran a fortalecer y analizar la formación inicial de maestros, así como los avances y el impacto de la acreditación en los programas de licenciatura” (Arias et al., 2018, p. 19), presenta en una introducción y cinco capítulos los elementos para comprender la racionalidad implícita en las políticas de calidad de la educación en Colombia y la manera como las mismas inciden en la configuración de las ofertas curriculares de formación de licenciados en el país.

Así, en el primer capítulo se presenta un análisis riguroso “de las orientaciones de las políticas en torno a la calidad de la educación y al papel que se le atribuye a los educadores y a su formación en el logro de las visiones de calidad, promovidas desde la década de los años noventa” (Arias et al., 2018, p. 29). Para ello, los investigadores acopian una serie de documentos emitidos desde la década de los años 90, tanto por organismos multilaterales (UNESCO, OREAL/UNESCO, Banco Mundial, y la OCDE) como por las instancias nacionales de la política oficial (en particular los Planes Nacionales de Desarrollo 1998-2018 y los Planes Sectoriales de Educación), para categorizarlos y mostrar la consonancia entre las políticas globales y locales en la formación inicial de profesores, y en general de las orientaciones políticas en educación a nivel global.

La importancia de este primer capítulo radica en mostrar la manera como, desde distintas instancias políticas, la formación de capital humano se convirtió desde la década del noventa en un imperativo para los sistemas educativos y para la formación inicial de profesores. Al respecto, este capítulo del libro no solo denuncia esta perspectiva economicista de la formación de capital humano muy propia de las políticas neoliberales, sino que apuesta a una reflexión final en torno a la “justicia en tiempos contemporáneos” (Arias et al., 2018, p. 118).

Respecto a lo anterior, señalan los autores que “en contravía de la lógica del capital humano, una política pública que conciba integralmente la justicia debería entonces afrontar el reto de atacar la desigualdad social, lo que no es otra cosa que distribuir de otra forma la riqueza para que los pobres dejen de serlo” (Arias et al., 2018, p. 119). De esta manera, capital humano versus justicia social son sugeridos como dos maneras de entender y orientar las políticas de formación de licenciados en el país.

Tal como los autores del libro colocan las cosas al final del primer capítulo, el lector debe asumir la tarea atenta y juiciosa de aventurarse por los siguientes tres capítulos, donde a partir de una exhaustiva compilación documental, de un trabajo de campo adelantado en distintas regiones del país y el uso de herramientas estadísticas, los autores identifican, documentan y analizan “las condiciones de desigualdad” entre los programas de licenciatura existentes en el país.

De esta manera, el capítulo dos caracteriza y analiza la situación de los programas de licenciatura en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad; en el capítulo tres a partir del debate de los indicadores y las estadísticas se muestran las brechas de calidad en los programas de licenciatura; y en el capítulo cuatro se exponen las apropiaciones y debates frente al mismo Sistema de Aseguramiento de la Calidad en las comunidades académicas de los programas de licenciatura.

La información consignada en estos tres capítulos puede ser leída de manera ordenada y secuencial. Sin embargo, y esta es una virtud de la investigación, también se ofrece a la manera de un hipertexto que le permite al lector navegar por los datos, los cuales pueden ser consultados por la comunidad académica, tanto para construir argumentos políticos para el debate como para contribuir a generar alternativas de solución a los distintos problemas de la formación inicial de licenciados en el país.

A manera de invitación para explorar los capítulos en cuestión, vale la pena citar algunos de los datos. El capítulo segundo, por ejemplo, deja ver que desde la promulgación del Decreto 272 de 1998 “que definió los títulos, la duración, la metodología y la acreditación de los programas de licenciatura” hasta la Ley 1753 de 2015 que convirtió la acreditación de los programas de licenciatura en un requisito obligatorio “solo 81 programas en el área de las ciencias de la educación contaban con acreditación y para junio 30 de 2016 se encontró que solo 89 programas contaban con este reconocimiento” (Arias et al., 2018, p. 126). De acuerdo a estos datos, la política de acreditación de las licenciaturas en los últimos 18 años se ha convertido en un muro infranqueable de pasar, sobre todo para las universidades regionales en “las cuales persisten las desigualdades (…) que se expresan en una participación inequitativa de los recursos, en el poco reconocimiento de sus poblaciones y en mecanismos restringidos de participación que les permitan convertir sus necesidades en prioridades para el gobierno central” (Arias et al., 2018, p. 143).

A partir del uso riguroso de las herramientas proporcionadas por el campo de conocimiento de la estadística, en el tercer capítulo los investigadores someten a prueba los indicadores y los datos estadísticos desde los cuales distintos gobiernos han tomado decisiones sobre la base de lecturas que “afianzan lo que se ha divulgado en los medios y naturalizado en los imaginarios, como la baja calidad en la formación que ofrecen las licenciaturas y encubren las condiciones efectivas de desigualdad que enfrentan los programas” (Arias et al., 2018, p. 203). Uno de los datos interesantes encontrados corresponde a la deserción de los estudiantes de los programas de educación. Según la información analizada, contrario a lo que afirma el Ministerio de Educación Nacional que asegura que la deserción de estudiantes de las licenciaturas es alta y “preocupante,” la investigación evidencia que la tasa de deserción de los estudiantes matriculados en las carreras universitarias de educación “se ubica en un nivel medio (46,20%)” (Arias et al., 2018, p. 293), lo cual las coloca en el cuarto lugar, después de áreas como las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Bellas Artes. Hay que decir que esta información se construye con los mismos datos con que se hacen afirmaciones contrarias.

En el cuarto capítulo, el cual resulta de un trabajo de campo donde se hace visible la experiencia de las comunidades académicas frente a las políticas de calidad, muestra que las mismas identifican como problemático “el cambio intempestivo de leyes, decretos y resoluciones, así como la distribución desigual de los recursos financieros y la manera como las reglamentaciones no contemplan las realidades contextuales propias de las regiones” (Arias et al., 2018, p. 311). Importante señalar que este capítulo se construyó a partir de la realización de doce foros regionales, los cuales contaron con la participación de 52 Instituciones de Educación Superior.

Concluida la lectura de los anteriores capítulos, el quinto capítulo presenta una propuesta de “lineamientos de política para el fortalecimiento de los programas de licenciatura y la disminución de desigualdades en calidad” (p. 349). Esta propuesta se elabora a partir de tres campos de análisis: “el estudio de las políticas educativas, la caracterización de la situación de las licenciaturas y el examen de lo que se ha denominado como brechas de calidad de estos programas” (Arias et al., 2018, p. 349). Estos lineamientos constituyen la propuesta de los autores para la formulación de unas políticas de calidad que apuesten por disminuir las desigualdades entre programas de formación de licenciados en el país.

La lectura cuidadosa de este libro nos permite avanzar en algunas reflexiones como: el estado actual y el devenir de la profesión docente en Colombia en el marco de las exigencias impuestas por las políticas de calidad regidas por el imperativo ideológico del capital humano y la desigualdad y marginalidad social y cultural que se desprende de estas políticas. Sin embargo, y pese al panorama tan difícil que se describe y analiza para los programas de formación de licenciados en el país, también hay que decirlo, es un libro que propone la investigación como una de las maneras de intervenir en la formulación de política pública. Ojalá y pueda ser una obra que llegue a distintos ámbitos decisorios de la política educativa, y no está más reiterarlo, a la comunidad académica en general preocupada por la educación, la cultura y la ciencia.