Por una poética planetaria en la formación de maestras y maestros de la Universidad de Antioquia

Preludio

Acudiré a la metáfora de la mandolina, con la idea de mostrar que las ocho cuerdas que la constituyen, al ser tocadas siguiendo una partitura social, me permiten interpretar algunos acontecimientos sociales, políticos y estéticos, ocurridos entre 2013 y 2020. Sus protagonistas fueron estudiantes, profesores y ciudadanos, en busca de una sociedad justa e igualitaria. Principios ciudadanos que se manifestaron al calor de una sensibilidad estética y política, convirtiéndose en el preludio de una poética planetaria.

Este preludio estará acompañado por las palabras de Robertson (2017), quien diversifica el concepto de poética, y la relaciona con la economía, la política, la poesía y el medio ambiente; sintetiza estos ámbitos en la creación de una poética planetaria, mostrándonos los límites de la experiencia y la posibilidad que tenemos de reconfigurar el futuro del planeta. Convoca a los gobernantes, las naciones y los ciudadanos, para que hablemos de verdades trascendentes, que nos permiten avanzar en la búsqueda de una nueva cartografía social, cultural y ambiental. Según el autor, “estamos en el umbral de un futuro orgánico-generativo” (Robertson, 2017, párr. 15).

Lo anterior significa reconocer los avances de la humanidad respecto de las formas de relacionamiento natural entre organismos, como plantas, animales, universo y fisiología humana, quienes han aprendido a transferir de manera sorprendente, en áreas relacionadas con el desarrollo técnico y tecnológico, principalmente. Sin embargo, en asuntos de política para la conservación de dichos organismos y formas de convivencia pacífica y solidaria, la sociedad sigue anclada en concepciones feudales y patriarcales (Robertson, 2017).

En Colombia, miles de hectáreas de tierra improductiva siguen en manos de unos pocos. Se ha generalizado el uso de pesticidas en la agricultura, lo que ha afectado las plantaciones, los ecosistemas y la salud de los consumidores. Las violencias, especialmente contra la mujer, continúan vigentes, al igual que la inequidad salarial. A ello se suma el desplazamiento forzado del campesino y el indígena de sus tierras, debido al enfrentamiento entre grupos armados con el ejército y policía. La violencia en el campo se ha extendido a las ciudades, donde también operan grupos armados. De allí que, organizaciones sindicales, artísticas, movimientos estudiantiles y profesorales levanten su voz de protesta en busca de una sociedad en paz, respetuosa del medio ambiente y los derechos consagrados en la Constitución Política de 1991.

El descontento social confirma las ideas de Robertson (2017), al mostrarnos que los reclamos de estas organizaciones desvelan nuestra vanidad y deseo de lucro. Imperativos que, al formar parte de la punta de un iceberg de las políticas globales, derriban las utopías que nos impiden ver, tocar y sentir la tierra con el alma (Neruda, s. f., citado por Robertson, 2017). Estas políticas se expresan en la sobreexplotación de los recursos naturales que, al estar orientadas en la mayoría de los casos por intereses corporativos, benefician a organismos internacionales, liderados por países lo suficientemente poderosos para imponer sus políticas a países dependientes, como el nuestro.

En lugar de ello, Robertson (2017) propone una prosperidad ecológica y una economía orgánica generativa. En el primer caso, estaría el cuidado de los recursos naturales irremplazables, como el agua y la tierra, pues ellos son garantes del futuro de la humanidad. Y en el segundo, advierte que no puede haber tal economía, “si a la persona media no se le brinda más capacidad, más información, más valor, y un papel más amplio en la esfera cívica” (Robertson, 2017, párr. 42). Lo cívico supone una pregunta por cuál o qué política y en qué futuro vivirán los ciudadanos.

La política ciudadana se expresa en espacios como las instituciones del Estado, las organizaciones sociales, culturales, políticas, artísticas, de economía solidaria, ambientales, la familia, entre otras. El futuro de la ciudadanía es interdependiente de los organismos vivos; así como las organizaciones se renuevan, cambian y, en algunas ocasiones, se sustituyen por otras, la naturaleza hace lo propio. La Madre tierra nos alberga en una placenta de la que recibimos luz, oxígeno, agua y viento. Cada uno de estos elementos genera un ecosistema, en busca de su reproducción natural. La capacidad de regeneración de la Tierra se expresa, por un lado, en la cadencia asimétrica de sus movimientos cuando está en desequilibrio -terremotos, deslizamientos, descongelamiento de los polos- y, por otro, en las formas de defensa de los organismos que le permiten prolongar su existencia y la de aquellas especies que están en peligro (peces, insectos, reptiles, entre otros). A estos organismos no les interesa quién es el gobernante de turno, su progreso es multidireccional, de allí su estado de regeneración natural.

¿La multidireccionalidad de la naturaleza es reconocida por los seres humanos? ¿Sus leyes son transferibles a los ecosistemas sociales? Los avances tecnológicos en relación con la transferencia de recursos naturales al servicio de la sociedad son bastante significativos, tal como lo muestro al comienzo de este preludio. Sin embargo, el crecimiento de las organizaciones sociales en relación con el carácter sostenible y sustentable, que hemos aprendido de la naturaleza, sigue en estado de alerta. La duración de una organización, esto es, su sostenibilidad, está determinada en la mayoría de los casos, por su aporte en relación con el cubrimiento de las necesidades básicas: salud, educación, economía, agremiación, bienestar psicosocial y medio ambiente.

Lo sustentable se refiere a la capacidad de existir, a la distribución equitativa de los recursos renovables; recuérdense los nutrientes de la Madre Tierra mencionados más arriba, sumados a los no renovables: petróleo, minerales, metales, gas y productos derivados de combustibles fósiles. Ambos recursos están en desequilibrio con la naturaleza y la sociedad debido a su sobreexplotación, con el agravante de su privatización e inequidad para la ciudadanía. Los no renovables han ocasionado dos fenómenos que ponen en jaque a la naturaleza y la humanidad: i) el desequilibrio ambiental, cuya muestra más fehaciente es el calentamiento global, y ii) la declaración de guerras entre potencias mundiales por el dominio de estos, con efectos inflacionarios y geopolíticos en la economía mundial.

Lo anterior hace que la autonomía política de las naciones sea cada vez más escasa, debido a la globalización de la economía. Sus efectos se expresan en las demandas de los movimientos sociales, la violación de los derechos humanos en el campo y la ciudad, y la imposición de políticas estandarizadas de calidad. Estas últimas tienen como punto de partida actos legislativos que regulan el funcionamiento de los diversos sistemas que lo constituyen. El sistema educativo estatal no está exento de lo que Robertson (2017) denomina el avance imparable de la crisis global, cuyos efectos se expresan en la desfinanciación y cuestionamiento al gobierno universitario, en lo que respecta al sistema de educación superior. En Colombia, las luchas profesorales, estudiantiles y ciudadanas confirman la necesidad de avanzar en la búsqueda de relaciones sistémicas saludables que tengan como punto de partida la puesta en marcha de nuestros derechos constitucionales. Me refiero a los de primera generación: civiles y políticos; segunda generación: económicos, sociales y culturales; y tercera generación: agremiación y medio ambiente.

Todos ellos, como mostraré a continuación, se han convertido en banderas de lucha ciudadana. Y son incorporados, grosso modo, en los diversos documentos que constituyen la cultura académica de las facultades de Educación. En la Licenciatura en Humanidades Lengua Castellana de la Universidad de Antioquia (UdeA), se han formulado dos versiones del Proyecto Formativo del Programa (PFP), esto es en 2013 y 2020 (ver UdeA, 2021). En ellos, los derechos civiles y políticos son recontextualizados en los propósitos de formación de dicho documento. Los relacionados con lo social y lo cultural se despliegan en los diversos apartados que estructuran el texto. La agremiación y lo económico no se mencionan. Y en lo que respecta al medio ambiente, en la segunda versión, se habla de “una ecología medioambiental, desde una mirada ético-estética” (UdeA, 2020, p. 11).

Esto último representa un avance significativo, al ponerse a tono con los desafíos de la educación en los próximos años. En la Agenda 2030 liderada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, catorce organizaciones mundiales (ver Organización de la Naciones Unidas (ONU), 2015) proponen superar paulatinamente la inequidad económica, política, cultural y educativa que se vive en el planeta. Convocan a gobiernos y ciudadanos a tomar una decisión poética que ponga fin a la pobreza y la desnutrición; que garantice la vida sana y el bienestar de todos en todas las edades; que brinde oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; entre otros. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son conocidos por la mayoría de los grupos de investigación de las universidades, debido a las convocatorias de financiación que se realizan para su cumplimiento.

Sin embargo, en las unidades formadoras de maestros y maestras, su conocimiento es escaso. Así, cuando se elaboran documentos internos de trabajo, como un Proyecto Formativo de Programa (PFP) y se adelantan discusiones académicas, las ideas sobre dicha agenda son generales. Las nuevas generaciones de maestras y maestros, y especialmente de los ciudadanos que se beneficiarán de su labor de enseñanza y formación -niños, niñas y jóvenes-, independiente del lugar que ocupen en la sociedad, deberían conocer dicha agenda, pues serán los protagonistas de dichos cambios.

La educación puede contribuir con el protagonismo de las nuevas generaciones -de enseñantes y ciudadanos- de todos los niveles educativos, impulsando una conciencia poética multidireccional, que consiste en superar el currículo monodisciplinar, para así darle paso al diálogo transdisciplinar entre áreas, saberes y ciencias. Reconfigurar la concepción de formación, impulsando en el interior de la clase y el taller, formas alternativas para el diálogo intergeneracional, del que participen científicos, artistas, padres de familia, psicólogos, entre otros. Y comprender que la puesta en escena de un tema es un ejercicio histórico, social, político y económico, donde lo humano, lo espiritual y la naturaleza están presentes.

Es necesario superar la idea de juntanza, derivada únicamente de los momentos de asfixia social, para formular y poner en práctica proyectos de organización ciudadana que sean de largo aliento, sobre la equidad de género, la tierra, el acceso de todos y todas a los servicios públicos y bienes culturales, la libre expresión y organización, el respeto a los derechos humanos, entre otros. Así, los proyectos educativos institucionales (PEI) del nivel de educación básica y media, y los PFP de las licenciaturas, además de incluir el análisis del contexto, podrían considerar apartados relacionados con actividades de juntanza que promuevan el análisis de dicha agenda y tengan un impacto en las comunidades, el país y el planeta. El impacto de estos proyectos debería estar en relación con dos aspectos: por un lado, con la capacidad de recontextualización local y nacional y la participación de las comunidades en el desarrollo de los objetivos planteados por la ONU (2015), en la Agenda 2030. Y, por otro, con el análisis que surja de la siguiente pregunta, que apunta a la formación de una conciencia planetaria: ¿Qué cambios le exige la Agenda 2030 a la escuela, la universidad y la sociedad?

Si el cambio tiene entre sus aristas el esbozo de una idea desconocida en determinado campo de estudio y de acción, es necesario considerar la propuesta de una poética planetaria, como el alumbramiento de otro modo de comprender la educación del futuro. Quizás esto permita poner en marcha proyectos conjuntos para desplegar nuestra capacidad de amar, soñar, superar los miedos, el dolor, cuidar del alma, el cuerpo y el espíritu; todo ello, en armonía con la naturaleza y el desarrollo de la humanidad.

Esta utopía está latente en el movimiento estudiantil, profesoral y ciudadano que mostraré a continuación. A ellos, sus familias y organizaciones, rindo un homenaje, con la intención de que formadores y futuros maestros y maestras, al acercarse a los acontecimientos que ocurrieron entre 2013 y 2020, pasen de la pregunta ¿en qué política y en qué futuro hemos vivido? (Robertson, 2017), a la convicción de que somos dignos de una política y un futuro para el bienestar de todos, todas y la naturaleza.

Figura 1: Pedagogía a las calles, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021)

Intervalos sonoros del primer cuarteto (2013-2016)

El 2013 y sus desarmonías: entre una modernidad colonial y la esperanza en una política de la existencia

La universidad está atravesando por un proceso denominado pérdida de distinción, el cual se expresa en su incapacidad para construir un sistema autopoiético (Runge et al., comunicación personal, 28 de mayo de 2013). La autopoiesis se distingue por la red de relaciones que establece en su interior y por la conservación de la vida de sus componentes (Maturana, 1997, citado por Moreno y Carvajal, 2015). En el contexto neoliberal, los componentes del sistema están orientados a una serie de políticas económicas que se expresan en metas relacionadas con la productividad (excelencia, calidad y eficiencia)², y a los ejes misionales de la universidad pública, como docencia, extensión e investigación. En este último, y en la primera mitad del siglo XXI, la UdeA vincula la investigación con los sectores productivos de la sociedad, disminuyendo su apoyo a proyectos del área de las ciencias sociales, humanidades y artes (Vivas Hurtado, 2013). Sumándose a ello, según este mismo autor, “la falta de una diversidad epistémica, pues hemos estado sometidos a una monocultura hegemónica, letrada y eurocéntrica” (p. 61).

La crítica de Runge y Vivas (comunicación personal, 28 de mayo de 2013) coincide con los planteamientos de Cangi (2021), quien señala que en América del Sur pervive una matriz perceptiva que proviene de un síntoma colonial, a partir del cual se imponen las reglas de una sociedad disciplinar en la que predomina el control sobre esta. De allí que proponga el impulso de una paradoja del pensamiento situado que reconoce en los seres vivos la coexistencia de una serie de multimodalidades, capaces de transformar los ecosistemas que los constituyen y que daría lugar a unas políticas de la existencia que se contraponen a una modernidad colonial (Cangi, 2021)³.

Figura 2: Represión, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).

El 2014 y sus desarmonías: entre un operario que resta para usufructuar y un movimiento social que suma para resistir

Dos acontecimientos llamaron mi atención debido a sus interrelaciones con la desfinanciación de la educación pública. La creación del Sindicato de Profesores de la Universidad de Antioquia Seccional ASPU (AspUdeA) y el reclamo histórico de estudiantes y docentes, en relación con el déficit presupuestal de las instituciones de educación superior (IES) públicas.

AspUdeA fue conformada por 50 profesores y profesoras de la Universidad de Antioquia, en su mayoría de contratación temporal, esto es, cátedra y ocasionales. Los primeros constituyen cerca del 80 % de la planta profesoral de la UdeA, situación que muestra la disminución de plazas de docentes de planta (AspUdeA, comunicación personal, 16 de julio 2016), pues en la década del setenta el Ministerio de Educación Nacional (MEN) otorgó las últimas plazas para la vinculación de docentes de planta en la universidad.

En este mismo sentido, el vicerrector administrativo presentó un balance del 2016 y retos para 2017. Allí señaló que el presupuesto de la UdeA se componía de dos fuentes principales de financiamiento: las transferencias del Gobierno y los recursos de las rentas propias. Y una tercera que proviene de lo recaudado por concepto de estampilla, que suma cerca del 10 % del presupuesto. Estos últimos ingresos permiten mantener la inversión, financiar la investigación, cumplir con los gastos de seguridad social y ahorrar el pago de la deuda. Si bien el manejo adecuado del déficit ha garantizado la sostenibilidad y sobrevivencia de la universidad, es importante advertir, como también lo expresa el vicerrector administrativo, que las luchas históricas de los estudiantes y los profesores han sido determinantes en ello (Restrepo, 2021).

En este mismo sentido, surge la pregunta ¿qué es lo público de las universidades estatales y donde está lo privado? Una primera respuesta podría mostrar que la Matrícula Cero, para aquellos estudiantes de estratos 1, 2 y 3, es una muestra de su carácter público, al igual que el diseño de un examen de admisión situado, los servicios de bienestar universitario y la libertad de cátedra. Los docentes, independientemente de su modalidad de contratación, tienen la posibilidad de modificar los microcurrículos y planes de estudio, previo conocimiento de la normativa y las discusiones que se adelanten en las instancias respectivas. Dicha potestad forma parte de uno de los articulados de la autonomía universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992.

A este respecto, en 2010 la Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) presentó a la Cámara de Representantes una propuesta alternativa de reforma a dicha ley. La iniciativa proponía una reflexión sobre tres aspectos: el manejo del presupuesto en el interior de cada universidad, la estructura de gobierno de estas y la autonomía universitaria. Esta propuesta no llegó a feliz término, pero la iniciativa del Gobierno tampoco prosperó, pues les proponía a las universidades “adelantar alianzas público-privadas para desarrollar unidades específicas de negocio entre el sector privado y las instituciones públicas” (Orozco, 2012, p. 123).

Este inciso en la ley fue uno de los más polémicos en el movimiento universitario, pues ponía en cuestión el carácter público de las IES y, de paso, convalidaba el argumento del MEN en relación con sus escasos recursos para financiarlas. ¿Será que las relaciones de las universidades públicas con la empresa privada, en relación con algunas de sus actividades misionales como docencia, investigación y extensión, y el costo de las matrículas en sus programas de posgrados, no son una muestra de que dicha iniciativa se ha convertido en un imperativo para subsanar la desfinanciación y el déficit de que han sido objeto por más de treinta años?

Lo anterior enmascara el sistema normativo colombiano, pues en apariencia dicha Ley 30 de 1992 no contempla este modus operandi⁴, pero en la práctica el acceso a recursos por medio de las convocatorias público-privadas se ha convertido en la alternativa para seguir garantizando su sostenibilidad.

Figura 3: El maestro, luchando, también está enseñando, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021)

El 2015 y sus desarmonías: entre la legitimidad de la palabra constituyente y las réplicas de una legalidad amañada

El 31 de marzo de 2015 falleció Carlos Gaviria Díaz, el sabio de la tribu, como lo nombró Revista Semana, al señalar que “le sobraba mucho de lo que le falta a la mayoría de líderes en Colombia” (31 de marzo de 2020). Sus ideas fueron reconocidas por diversos sectores políticos y se extendieron al movimiento estudiantil y profesoral del país. Consideraba que la universidad autónoma es aquella que no tiene compromiso con el lucro, pues en caso de hacerlo, sus actividades misionales y las disciplinas, podrían llevarla a impulsar investigaciones que no tendrían un valor científico o académico (Gaviria, 2020).

Su proyecto de ley en relación con un constituyente primario está presente en los propósitos del IV Foro Interuniversitario Poder Constituyente: “Autonomía y democracia para la vida y para la paz”, convocado por la Universidad de Nariño en 2015. Allí, se hizo un llamado a las universidades para que asumieran la formación de profesionales y científicos de excelencia, sin perder su autonomía. Se les invitó a contribuir con el desarrollo de la cultura, la defensa de la democracia y la vida; idea que fue retomada en algunas asambleas multiestamentarias de la UdeA, y para lo cual se nombró una subcomisión jurídico-política encargada de analizar la transformación institucional en la alma mater.

La presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (Asoprudea) señaló que “la constituyente ya vendrá después, cuando las fuerzas sociales estén listas para ello” (Bedoya, 2013, p. 10). La creación de condiciones exige detenerse en el análisis de las prácticas de cooptación y consentimiento de algunos profesores y profesoras en cargos de gobierno universitario, sin que medie una postura crítica; la diversidad de opiniones y tensiones entre aquellos que propugnan por un gobierno alternativo de universidad y los que se inclinan por las alianzas universidad/empresa/Estado. Y, de manera especial, avanzar en un diálogo de saberes en el que se establezcan criterios éticos, sociales, políticos, ambientales y filosóficos que hagan posible el avance teórico y práctico de un proyecto alternativo de universidad, entre otras (Instituto de Estudios Políticos de la UdeA (IEP), 2015).

Comprender la utopía como una paradoja del pensamiento situado permite reflexionar sobre la siguiente pregunta ¿Acaso la experiencia de la Universidad de Nariño, con sus desaciertos y resistencia, podría convertirse en un punto de partida para avanzar en la construcción de una Constituyente universitaria y, por tanto, en la instauración de un gobierno democrático en la UdeA?

Figura 4: Empatía, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021)

El 2016 y sus desarmonías: entre una nota fantasmal y un tono de falacias

A finales de 2016, el rector de la UdeA, Mauricio Alviar Ramírez, presentó un balance de su gestión y los problemas más relevantes que seguirían en la agenda universitaria. Expresó que “ante la desfinanciación de las universidades públicas, los rectores adelantaron una campaña en el Congreso Nacional, la Asamblea Departamental de Antioquia y el Concejo de Medellín para explicar a congresistas, diputados y concejales cuál es la problemática” (UdeA noticias, 23 de diciembre de 2016, resaltado del texto original). En junio de 2017, el MEN realizó la adición presupuestal a las universidades públicas, sin embargo, lo aportado no subsanó de ninguna manera la pérdida de los recursos que no llegarían a las universidades, provenientes del impuesto a la renta y complementarios (Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 2017). Dichos recursos se redireccionaron al Icetex y al programa Ser Pilo Paga.

Cuando leí en la página del Ministerio de Educación Nacional el anuncio de la adición presupuestal, llamaron mi atención las declaraciones de la ministra de Educación en 2017, Yaneth Giha Tovar, cuando dijo que los recursos garantizarían la conectividad de los colegios; que se crearía una mesa encargada de estudiar el aumento de los recursos para la educación, y que lo más importante sería sincerarse con los desafíos que se tienen en educación (MEN, 2017). Los recursos de inversión en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por parte del Gobierno no alcanzaron a cubrir las necesidades que se tenían en todos los niveles de educación; además, estos están privatizados, debido a que las universidades públicas los deben pagar, al igual que los estudiantes y docentes cuando acuden a este servicio desde sus casas. El aumento del presupuesto para la educación fue una promesa que el Gobierno cumplió y sigue cumpliendo parcialmente, siempre y cuando la presión de los paros y las marchas lo obliguen a ello. Y finalmente, en el acto de “sinceridad”, la funcionaria olvidó mencionar que el redireccionamiento de recursos -a partir de 2015- al programa Ser Pilo Paga aumentó la inequidad y desfinanciación de la educación pública⁵.

En 2018, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, reconoció que un 50 % del presupuesto destinado al Icetex iba a ser invertido en el fortalecimiento de la educación pública, que es donde realmente se focalizan los mayores problemas, y reconoció que el programa Ser Pilo Paga era inviable (Revista Semana, 9 de junio de 2018). Esta alcaldada del Gobierno fue una muestra de la concentración de poderes en el Ejecutivo y confirmó la importancia de una constituyente, en la que participen todas las universidades públicas del país.

Figura 5: Resistencia plural, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).

Intervalos sonoros del segundo y último cuarteto (2017-2020)

El 2017 y sus desarmonías: entre las argucias de una serpiente y la promesa de un bosque para vivir en paz

En agosto de 2017, la Junta Directiva de la Asoprudea envió un comunicado en el que se refería a la elección de un representante estudiantil al Consejo Superior Universitario (CSU), por cuanto consideraba que la convocatoria “contribuía con el diseño e implementación de las políticas institucionales y se convertiría en un referente para la movilización nacional” (comunicación personal, 19 de agosto 2017). Sin embargo, las votaciones en el interior de la Asamblea Estudiantil se inclinaron mayoritariamente por el no a dicha representación.

Algunos asambleístas se preguntaban si las intenciones del CSU consistían en ¿un llamado a la gobernabilidad?, ¿a la institucionalización de la participación?, o ¿buscaban la legitimidad para adelantar el plan de desarrollo? La discusión no se podía centrar en ello, pues había temas prioritarios, como promover en cada facultad los consejos estudiantiles y contribuir con la paz en las regiones donde tiene presencia la universidad, entre otros (Colombia informa Agencia de Comunicaciones, 7 de marzo de 2017). Este intento fallido del CSU con el estamento estudiantil es comparable con la metáfora de la serpiente. Este animal mítico, al morderse su propia cola en un intento por exhibir sus habilidades de persuasión corporal, lo termina engullendo debido al movimiento concéntrico que lo caracteriza.

Una convocatoria de esta naturaleza requiere un trabajo de largo aliento, lo que significa estar dispuestos a superar las prácticas clientelistas, el abuso de poder y revisar la concepción de democracia universitaria, pues estamos ante dos complejidades: i) la desconfianza de los órganos de dirección de la universidad frente al estamento estudiantil, al considerar que su participación en dichos espacios es sinónimo de reuniones improductivas (Cortés, 2017a), y ii) el predominio que tiene en las prácticas de gobierno universitario el distanciamiento entre los representantes y sus representados (Cortés, 2017b).

El distanciamiento entre quienes hacen las políticas y toman las decisiones, y aquellos que se resisten a ellas, replicando formas violentas aprendidas de los detractores de la paz, o reconfigurándolas como prácticas políticas de autopoiesis, ha provocado en ambos casos la tendencia de la no participación. No obstante, los estamentos universitarios y los organismos de dirección han tenido una preocupación común, que es apoyar el proceso de paz iniciado en 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos.

En 2017, la Asoprudea recomendó que el diálogo de paz entre el Gobierno y el ELN “debía garantizar una participación activa y vinculante de la academia y la comunidad universitaria” (Asoprudea, comunicación personal, 19 de agosto de 2017).

Un llamado similar ante el Gobierno nacional lo realizó la profesora Sara Fernández -secretaria de la Asociación en 2020-, cuando, después de salir con vida de un atentado contra su integridad, expresó: “La universidad no se toca” (Comunicaciones Ciencias Sociales y Humanas Universidad de Antioquia, 2020). La lucha por la defensa de la vida en busca de la eliminación de la violencia ha formado parte de los movimientos sociales (recuérdense las marchas durante la covid)⁶, al reclamar entre otras, una justicia restaurativa, también llamada compasiva; esto significa reconocer el perdón entre las víctimas, victimarios y testigos, desde una ética de la compasión, entendida a partir de tres principios: i) sustituir la idea del conocimiento del bien por un reconocimiento de las formas de vida y las experiencias dolorosas; ii) comprender el cumplimiento del deber, como una respuesta adecuada con sus respectivas insuficiencias, y iii) reconfigurar el concepto de dignos y dignidad, a partir de la sensibilidad respecto de lo indigno y las exclusiones vividas para sí, con los otros y las de los otros (Mélich, 2010). Este país requiere con urgencia decisiones poéticas donde la ética, la estética y la política contribuyan con la eliminación de la violencia. Ello podría otorgarles a los ciudadanos la posibilidad de vivir en paz.

Figura 6: S.O.S. Colombia, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).

El 2018 y sus armonías: entre la exquisitez de un banquete jovial y una mesa para dos comensales

En 2018 la vicepresidenta de Asoprudea envió un comunicado -el cual se publicó en la página web de la Corporación Nuevo Arco Iris- en el que se refería a la creación de la mesa amplia nacional de profesores, encargada de asesorar a las diversas agremiaciones estudiantiles en asuntos relacionados con la defensa de la educación pública (Bedoya, s. f.). Una de las agremiaciones con mayor reconocimiento nacional es la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE). En 2011, esta realizó una serie de marchas con el propósito de revocar la intención de reforma a la Ley 30 de 1992 propuesta en el gobierno de Santos. Se llevaron a cabo marchas de disfraces, abrazatón de universidades, el pupitrazo, entre otros (López Mejía, 2019). Estos actos de autopoiesis sustituyeron la concepción de enfrentamiento físico y verbal con la fuerza pública, al hacer ver, sentir y vivir una cultura política inspirada en una razón creativa, entendida como un gesto estético de reparación.

En 2012, el Gobierno debía convocar a los representantes de la MANE para que adelantaran un diálogo en relación con la propuesta de reforma educativa que formaba parte de sus exigencias al Estado.

En 2013 el movimiento estudiantil presentó “un borrador de Articulado de Ley que recogió las discusiones realizadas con diferentes sectores sociales y políticos” (López Mejía, 2019, p. 323). En 2018 el movimiento estudiantil retomó sus actividades y contó con el apoyo del estamento profesoral, el cual le otorgó “impulso y fuerza al paro indefinido de los estudiantes” (Bedoya, s. f.), obligando al Ejecutivo a realizar un aumento de 65 puntos de la base presupuestal para las IES, por encima de la oferta puesta sobre la mesa de negociación con los estudiantes y los docentes (Becerra, 2018).

Esta promesa se sumó a las deudas históricas de los gobiernos con la educación pública, pues tal como lo mostraré más adelante, a finales de 2019 los estudiantes se volvieron a tomar las calles para reclamar por el incumplimiento del Gobierno con lo pactado.

Figura 7: Resistencia plural II, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).

El 2019 y sus desarmonías: entre un arlequín de cuaresma y una cofradía de abejas polinizadoras

A finales de noviembre de 2019 se inició un Paro Nacional en todo el país, conocido como el 21N. La Asoprudea informó a la comunidad universitaria los puntos del pliego de peticiones al Gobierno nacional⁷. En las marchas participaron entre cuatro y cinco millones de personas, entre las que se destaca la presencia de jóvenes y estudiantes (Villarraga, 2019). Una de las consignas del movimiento fue: “Hasta que la dignidad (de nuestros derechos) se haga costumbre” (Archila, et al., 2020, p. 22). Esta petición infranqueable del movimiento no significó lo mismo para el Gobierno, pues “lo más probable era que muchas de esas demandas siguieran sin ser resueltas” (p. 23).

De la misma forma, el Comité Nacional de Paro (CNP) le propuso al Gobierno una discusión a partir de trece ejes que constituyen 104 temas. Para el Ejecutivo, la discusión estuvo enfocada en el crecimiento y empleo, lucha contra la corrupción, el medioambiente, lo relacionado con la juventud, la educación y la paz con legalidad. Estos temas se distanciaban de las demandas del CNP y se sumaban al desacuerdo de estos últimos en relación con la creación de dieciséis mesas con más de 1000 personas participantes. En consecuencia, el movimiento estudiantil y las centrales obreras acordaron suspender las marchas hasta enero 15 del 2020 (Mendoza y Triviño, 2019).

Figura 8: ¿Patria?, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021)

El 2020 y sus desarmonías: entre un alma palpitante y un puñado de humanoides

A comienzos de 2020 la Asoprudea expresó que el paro del que veníamos participando como universidad sería levantado. Las condiciones estaban dadas para el reinicio de las actividades en la UdeA. Sin embargo, el 20 y 21 de febrero se realizaron marchas en todo el país que rechazaban la muerte de líderes sociales y las políticas económicas del Gobierno. En la UdeA se realizó un plantón que terminó con enfrentamientos entre los estudiantes y un grupo de encapuchados, con la fuerza pública. Ante estos hechos, el alcalde de turno de Medellín autorizó el ingreso del Esmad. Esto hizo que el Consejo Académico expresara lo siguiente: “Nos duele ver a nuestra casa convertida en un teatro de operaciones &091; ... &093; no queremos más tragedias de la violencia” (Consejo Académico UdeA, 2020). Por su parte, la Asociación envió un comunicado a la comunidad: “las y los profesores se declaraban en Asamblea Permanente en defensa de la Autonomía Universitaria” (Asoprudea, comunicación personal, febrero 21 de 2020, resaltado del original).

El teatro de operaciones al que se refirió el Consejo Académico seguía mostrando el rostro de los detractores de la paz, a quienes los embargaba la frustración, el abuso, la inequidad y el deseo de poder. En ese carnaval de la muerte, cada uno participó de la danza del garabato con la intención de salir airoso de ese purgatorio, donde las penas no reciben expiación. Algunos medios de comunicación oficiales focalizaron los hechos en los enfrentamientos, dejando de lado las causas que los generaban y las características de sus protagonistas.

De allí que el profesor Juan Guillermo Gómez (2020) se preguntara: “¿Conoce usted todas las formas de acción de las estudiantes y los estudiantes (...)?, o ¿solo ha visto un tropel y piensa que eso es todo?” (p. 3). Consideraba que el inconformismo de los estudiantes surgía de cuatro ámbitos de la sociedad: i) la historia política del país; ii) sus vivencias familiares; iii) las formas de economía ilegal y organizativas que se viven en las comunas, y iv) las prácticas de gobierno en la escuela y la universidad. Si bien estas realidades generan un desencanto en el movimiento estudiantil, no les han impedido persistir en la construcción de una sociedad democrática.

¿Dichos sujetos podrían encontrar, en la educación de sus emociones políticas, una alternativa que ampliara su participación ciudadana? En otras palabras, ¿en qué estado se encuentra la educación para la ciudadanía democrática en la universidad, específicamente, en el proceso de formación de maestros y maestras? (Nussbaum, 2010, citado por Duarte et al., 2020). Es perentorio “sobreponernos a la mirada que pone en duda la figura del maestro y la maestra y que no reconoce la importancia de su función en la preservación del tejido social” (Duarte et al., 2020, p. 8), pues su relación con niños, niñas, jóvenes y adultos es parte del encargo social que los insta a participar en la construcción de un proyecto conjunto de humanidad. En este sentido, mostraré brevemente algunas iniciativas del Ministerio de Educación Nacional (MEN) y de un grupo de investigación de la Facultad de Educación de la UdeA.

El MEN, en la Ley 1620 de 2013, al referirse a temas relacionados con la convivencia escolar, la formación y práctica de los derechos humanos, la educación sexual, la prevención y disminución de la violencia escolar, propuso crear en las instituciones educativas, las condiciones de posibilidad para “contribuir a la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía” (MEN, 2013, citado por Duarte et al., 2020, p. 6). En este propósito, el desarrollo de las competencias socioemocionales del docente en el aula es clave, entendidas estas como la capacidad de adquirir un conocimiento para sí y el manejo responsable de sus emociones en todos los ámbitos, de tal modo que disminuya la agresión y aumenten los niveles de satisfacción con su vida (Mejía et al., 2017, p. 5).

En esta perspectiva, el desarrollo de la inteligencia emocional de docentes y estudiantes es determinante para el fortalecimiento de “habilidades como la autorregulación y el autocontrol” (Duarte et al., 2020, p. 6). Lo individual funge como un punto de partida para el cuidado de sí y la interacción con los otros. Sin embargo, esto es insuficiente, pues las emociones políticas se gestan y transforman, con base en situaciones y contextos específicos que “no pertenecen exclusivamente a la intimidad del sujeto” (Duarte et al., 2020, p. 7). Pasarlas por el tamiz de autorreflexión y la experiencia, reconociendo su injerencia en la construcción de una educación otra, es clave para el fortalecimiento de dicho sistema y el futuro de los ciudadanos planetarios, con los que interactúan maestros y maestras.

Así, cuando indagaron con un grupo de maestras y maestros en ejercicio, por el lugar de sus emociones políticas en el aula, acudieron a la metáfora del carrusel. Consideraron que en el sube y baja de sus sentimientos, es recurrente la angustia, debido a la impotencia que sienten cuando un estudiante considera que no puede seguir adelante (Duarte et al., 2020). El carácter comunicativo y vinculante de las emociones políticas es el mejor acicate para que estas florezcan (Quintero, 2015, citado por Duarte et al., 2020). Florecer significa germinar, comprender, compadecer(se) y, sobre todo, reconocer la fragilidad humana como un sentimiento universal, a partir del cual podríamos experimentar el trabajo mancomunado por otro mundo posible.

El trabajo cooperativo entre los maestros, maestras, directivos y el MEN, tanto en la escuela como en la universidad, tiene entre sus retos seguir impulsando proyectos de protección del medio ambiente, y recontextualizarlos a las políticas locales y nacionales. Así, se espera que estos sean redireccionados por el gobierno entrante, con base en tratados internacionales por el derecho a la vida de todos los organismos que forman parte del planeta. Y de manera especial, se pueda optar por una decisión poética que involucre los derechos civiles y políticos, los fundamentales de primera, segunda y tercera generación de la Constitución Política de Colombia; que se vea reflejada en la escritura de los PFP, los PEI, los planes de desarrollo y en la vida cotidiana. Ello permitiría superar la juntanza solo en momentos de asfixia ciudadana, poniendo el cuerpo, alma, espíritu y saberes, al cultivo de una mirada estética multidireccional, y así dar paso al futuro digno que merece la humanidad.

Figura 9: Me-moría, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).

Conclusiones

Si este sueño en una sociedad posible está presente en el estudiantado, lo deseable sería reconocer las profesiones como parte de un oficio, un saber, un legado ancestral y un diálogo transdisciplinar, de tal modo que se conviertan en un arte para aprender a vivir en comunidad. Las desarmonías podrían ser superadas paulatinamente, cuando cada quien se reconozca como una unidad con los otros y los ecosistemas. Quizás en esta nueva frase sonora, el movimiento universitario y social podría experimentar otras formas de humanización en busca de una democracia constitucional.

El cuidado de sí y del planeta, el manejo de la economía personal, familiar y social; la alimentación, el descanso y el ocio; la meditación, la conversación, el desarrollo del gusto estético, la educación sexual en la diferencia, el interés en la ciencia, las artes y la política; las humanidades digitales, la literatura, el amor y sus vínculos filiales; entre otros, podrían ser incorporados en todas las asignaturas de la escuela y la universidad de manera flexible. En palabras de Morín (2015), se estaría hablando de un currículo “transdisciplinar, que interrogue y articule los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria” (p. 79)⁸, en la perspectiva de una poética planetaria.

De igual manera, los acontecimientos relatados en este trabajo me permiten reflexionar sobre cuál es el mundo en el que he vivido -repleto de inequidad y desaparición del otro, lo otro, lo distinto- y cuáles han sido, hasta ahora, las formas de relación entre las especies que comparten este espacio vital (planeta Tierra) -reproducción de los sistemas de dominación y explotación-. Lo que me lleva a preguntarme, en qué mundo desearíamos vivir y cómo podríamos construir un mundo otro, desde una mirada poética de la existencia. Pues la cadencia de las movilizaciones y luchas sociales descritas aquí evidencian la necesidad urgente de un giro en la narrativa que ha sostenido una sociedad que no es la que nos merecemos.

Figura 10: Marcha la esperanza, 2021

Nota: tomado de Lopera (2021).